Las reticencias a alquilarles un piso atan a los refugiados a los centros de acogida

Frente al “derroche” de solidaridad que se vivió en primavera, ahora las familias que escaparon de las bombas rusas chocan con las reticencias de muchos propietarios a arrendarles una vivienda. Les impiden avanzar en su proceso de inserción e integración, y dar el salto a una vida algo más normalizada. Es el último paso que establece el sistema de protección internacional, la entrada en la “fase de autonomía”, en la que dejan de estar al cuidado de otros y, con ayudas estatales, empiezan a ser de nuevo dueños de sus vidas. ONG, como Cruz Roja, Accem o Cepaim, así como el Ayuntamiento de Salamanca, que durante medio año ha estado al cargo de los refugiados alojados en el albergue municipal Lazarillo de Tormes, coinciden en lo complicado que está resultando conseguir pisos de alquiler para las familias ucranianas.

Es cierto que antes de la guerra tampoco era fácil para otras personas incluidas en el sistema de protección internacional, pero el volumen de personas que se encuentran en esta situación en Salamanca es hoy mucho mayor.

“Hemos contratado a una persona para la gestión de viviendas en exclusiva, que se incorporó a mediados de agosto, y ha sido un éxito porque ya hemos encontrado viviendas que encajan con las necesidades de tres familias. Pero es verdad que para que se concreten, hemos visitado y mediado muchísimas más. Para conseguirlo, se requiere un trabajo de búsqueda, captación, mediación y negociación con propietarios e inmobiliarias que ocupa la jornada entera de una persona”, señala Montserrat Hernández, responsable del programa de migrantes y refugiados de Cruz Roja. Aun así, la organización humanitaria todavía busca piso para otras cinco familias. Por otra parte, otras de las que se encuentran en acogida han comunicado ya su intención de regresar a Ucrania.

“Pero es verdad que es muy, muy complicado encontrarlas”, insiste Monserrat Hernández, una opinión que comparten desde otras organizaciones, como Accem o Cepaim, que también están trabajando en la búsqueda de un hogar para otras familias ucranianas.

Lo corrobora el propio Ayuntamiento, cuyos técnicos municipales comenzaron a trabajar en primavera en esta búsqueda. Más allá de dos inmuebles que ofreció Limcasa, ya ocupados, en el albergue municipal Lazarillo de Tormes continuan residiendo sesenta refugiados, concretamente 34 adultos y 26 menores. Aunque no todos permanecen en estas instalaciones desde marzo —algunos se han trasladado a otras provincias o han regresado a su país y otros han llegado después—, algunos llevan casi medio año, el plazo máximo que se establece para la fase de acogida, y no pueden abandonarlo por no encontrar una vivienda.