Malestar e incertidumbre ante la prórroga del Verifactu que ahora está en el aire
La moratoria debe validarse en el Congreso y va unida a un paquete de cambios polémicos en el control de los ayuntamientos por parte de Cataluña
El 1 de enero de 2026 estaba marcado en las agendas de empresarios y comerciantes para implantar el nuevo sistema de facturación digital, ... denominado Verifactu, como una de las principales medidas de la Ley Antifraude. Sin embargo, el pasado martes el Gobierno aprobó una moratoria que provocó un profundo malestar entre aquellos que ya habían hecho las inversiones en software, formación y hardware; y un alivio entre aquellos que no llegaban a tiempo a cumplir con los plazos fijados de forma inicial. Lo cierto es que la prórroga aún no está aprobada —aunque el anuncio aparece ya en la web de la Agencia Tributaria— y requiere de la convalidación del Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Lo que debería ser una formalidad podría no serlo ya que el Ejecutivo ha decidido incluir medidas controvertidas dentro del mismo paquete relacionadas con el traspaso de la selección y designación de los interventores y secretarios municipales a la Generalitat. Este modo de actuar no es nuevo en las políticas de Pedro Sánchez ya que hizo lo mismo con el paquete de medidas anticrisis y lo utilizó como chantaje para acusar a la oposición de estar en contra de los abonos gratuitos de transporte.
Por ello, desde la Delegación Provincial en Salamanca del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León se muestran «cautelosos» hasta que no se confirme la aprobación de la prórroga. «Todo apunta a que se va a producir, pero no lo sabemos realmente», explica Teresa Manzano, delegada provincial, que aclara que, en todo caso, todos estos cambios a un mes de que se produzca o no la implantación del sistema «crean una importante inseguridad jurídica» y afecta a la planificación e inversión de la mayoría de las empresas obligadas a realizar este tipo de facturación. «Nosotros lo que reclamamos es claridad para evitar errores. ¿Qué ocurriría por ejemplo si la convalidación se da el 3 de enero? ¿Cómo actuán las empresas que facturan el 1 de enero? Pedimos la mayor transparencia y seguridad jurídica posible».
La Asociación de Empresas Salmantinas del Comercio (Aesco) considera que la propia implantación del sistema Verifactu «ha generado unas necesidades por encima de las que existían». En este sentido, lamenta que los «vaivenes» no ayudan, así como el «cambio de unas reglas del juego de forma constante».«No se puede trabajar a base de ocurrencias. Estaba claro que no iba a dar tiempo a que todo el sector lo implantase y la prórroga es bienvenida, pero también es cierto que los que lo han llevado a cabo han tenido que hacer una inversión y formación atropellada».
Así, espera que, en caso de que la moratoria se lleve a cabo se haga en los mismos términos que si entrara en vigor el 1 de enero de 2026 y no obligue a hacer «una actualización extra y más gastos» a los que ya hubieran implantado el sistema. Flórez calcula que el 30% de los empresarios y autónomos salmantinos que estaban obligados a hacer la adaptación, la habrían llevado a cabo. Por lo que, en caso de que la prórroga no se materializase desde Aesco consideran que «sería imposible» que todos llegasen a tiempo. Hay que recordar que las sanciones pueden llegar hasta los 150.000 euros.
Otro de los sectores que se ha sentido perjudicado por las modificaciones y la posible prórroga del sistema Verifactu han sido las empresas encargadas de actualizar el software y adaptar los equipos para que la nueva facturación llegue a Hacienda. Han tenido que hacer esfuerzos extra para encontrarse a falta de un mes que podrían haberlo dilatado hasta el 1 de enero de 2027. «Es un desastre», califica Carlos González Blanco, responsable de CGB Informática, quien reconoce que han tenido que «renunciar a nuevos clientes y decir que no a varios proyectos» ya que han tenido que destinar muchos recursos a adaptar los nuevos sistemas de facturación para sus clientes. «Es una presión que hemos hecho y un equipo de trabajo exclusivo para que ahora nos digan que todavía hace falta un año para ponerlo», lamenta el empresario que, reconoce, también se queda con un regusto amargo con los clientes al que la propia norma ha presionado para llevar a cabo los cambios.
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