Hallan muerto al trabajador de la funeraria que destapó la trama del 'cambiazo' de los ataúdes en Valladolid

La trama del 'cambiazo' masivo de ataúdes de alta calidad en Valladolid por otros más baratos, que involucró a un salmantino, vuelve a resonar después de que, el pasado miércoles, el extrabajador denunciante de este caso apareciese sin vida en su casa de Santovenia, según ha informado El Español. Fuentes de la investigación aseguran que las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un suicidio.

Según la información de dicho medio, fue la Guardia Civil la que halló el cuerpo del varón sin vida, de 73 años, en su domicilio de la localidad vallisoletana a las 20:30 horas en la tarde del pasado miércoles.

La causa judicial desatada de la 'Operación Ignis', destapada el 31 de enero de 2019 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador, señala a 24 acusados, propietarios del grupo empresarial y una veintena de trabajadores -entre los que se encontraba un salmantino-, acusados todos ellos de delitos de estafa continuada y de pertenencia a organización criminal.

El 'cambiazo' se ejecutaba cuando el personal, presuntamente, realizaba el cambio del ataúd de alta calidad pagado por la familia por otros más baratos y de menor calidad en el momento del proceso de cremación para revenderlos a otras familias en el periodo comprendido entre 1995 y 2015. Al parecer, este tipo de prácticas se extendían igualmente a la reutilización de coronas fúnebres y flores en sucesivos sepelios. La causa sumaba más de 6.000 afectados.

A principios de este año, la Fiscalía de Valladolid solicitaba un conjunto de condenas que, globalmente, se elevan a un total de 206 años de cárcel para las veinticuatro personas que se encuentran investigadas en la 'Operación Ignis'.

Las penas más duras las solicita para mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V, a razón de veinte años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.

Respecto a la veintena de trabajadores acusados, uno de los cuales es salmantino, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel, seis para el fallecido.

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