La Universidad teme un enero con avalancha de trámites en la Seguridad Social por las prácticas

En el mundo educativo sienten miedo por las consecuencias de la aplicación de la disposición adicional 52 del real decreto 2/2023, ya que coinciden en la carga laboral gestionar todas esas altas y bajas en la Seguridad Social. Hasta ahora solo se inscribían en la Seguridad Social los alumnos que hacían prácticas remuneradas —un número muy reducido—, pero el real decreto plantea que a partir de enero este trámite administrativo se tendrá que llevar a cabo con todos los estudiantes que hagan prácticas, sean retribuidas o no y tanto si son curriculares como extracurriculares.

Se establece la inclusión en el sistema de la Seguridad Social los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas que estén incluidos en sus programas en títulos. Esto en la Universidad de Salamanca se produce en grados, máster y títulos propios.

En el caso de la Universidad de Salamanca el proceso de adaptación está siendo complejo y es que la institución académica salmantina tiene casi 7.000 alumnos en prácticas tanto curriculares como extracurriculares.

El cambio va a ser muy drástico y es que en el Estudio salmantino de media había un movimiento en la Seguridad Social de 1.200 altas y bajas cada año, pero con la entrada en vigor de la nueva normativa, solo con estas gestiones de alumnos, la cifra crecerá en unos 8.000 procesos más, según apunta el gerente de la Universidad de Salamanca, Ricardo López, que agrega que con el nuevo marco legal el número de modificaciones en la Seguridad Social será de 10.000 y además con casuísticas muy particulares.

Ante esta avalancha de burocracia, la Universidad va a crear la Unidad de Cotizaciones a la Seguridad Social de los Alumnos en Prácticas, que estará formada por tres profesionales extra centrados solo en este volumen de trámites.

La principal preocupación en la Universidad de Salamanca es el volumen de gestiones y las especificidades que se dan al no ser contratos de trabajo al uso, ya que desde el punto de vista económico el pago de esas cotizaciones, que se hará cargo el Estudio salmantino, está bonificado al 95%.

Uno de los aspectos que más inquieta en el seno de la Universidad de Salamanca es que tanta burocracia y gestiones puedan derivar en problemas de interpretación con la Seguridad Social que después puedan repercutir en no estar al día de pago. «La Universidad se nutre en gran medida de subvenciones y para pedir cualquier ayuda hay que estar al día con la Seguridad Social, algo que obviamente hacemos, pero ahora se puede dar la situación de que por una situación ambigua, no aclarada por la Seguridad Social, se produzca una incidencia al alta o a la baja. Fundamentalmente al alta. Y eso genere automáticamente una certificación de que no estás al día. Entonces ya no puedes optar a esas ayudas. Es decir, puede tener repercusiones muy graves para el sistema de subvenciones en el que se basa la universidad pública», reflexiona López.