El sector inmobiliario ve en el índice de alquiler un 'parche': «El 80% de la Ley de Vivienda demoniza al propietario»

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, que muestra una variación interanual del 2,2 % en noviembre de 2024. Este porcentaje será el que se deba aplicar a los contratos de alquiler que deban de revisarse en enero de este año. No todos.

El nuevo índice, que se divulgará mensualmente y que deberá adaptarse cada mes —a los que les corresponda renovarlo en febrero tendrán que utilizar el de diciembre de 2024, y así sucesivamente—, será la herramienta para actualizar anualmente los contratos de alquiler firmados desde el 25 de mayo de 2023, cuando entró en vigor la nueva Ley de Vivienda. Los alquileres firmados previamente se siguen actualizando con los datos del IPC o del Índice de Garantía de Competitividad, que está topado en un 2 %.

Con esta medida, el Ejecutivo central pretende implantar un parámetro principal que determine las revalorizaciones anuales de los contratos de arrendamiento con la meta de regular el mercado de alquiler en España, una acción que, a juicio del sector de Salamanca, no se consigue solo con la implantación de este índice.

El presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Salamanca, Valentín Rodríguez, considera que esta medida puede ser «positiva» si se enmarca dentro de una política de alquiler que busque favorecer ambas partes: tanto al inquilino como al propietario. «El índice del 2,2 % beneficia al inquilino porque está debajo de la inflación y da una seguridad y una claridad, pero al final no soluciona el problema del mercado del alquiler que es dar seguridad a los propietarios para que pongan ventas disponibles en el mercado que es el principal problema», detalla.

Por ello, considera que, aunque necesaria, es un «parche» sobre una Ley de Vivienda que no ha tenido en cuenta la realidad del sector. En este sentido, Rodríguez también recuerda que el nuevo índice afecta a las actualizaciones, pero no al precio inicial fijado por los propietarios, que no tiene ningún requisito salvo en aquellas zonas tensionadas. En Castilla y León no se ha aceptado esa regulación.

Esta medida entra como consecuencia del final de las medidas temporales aplicadas a la actualización de los alquileres que, en los últimos años se limitó al 2 %, en 2022 y en 2023, como consecuencia de la pandemia; y al 3 % en 2024.  

La Ley de Vivienda pretende atajar el problema estructural del mercado español ante la elevada subida de los alquileres, pero sin embargo se ha encontrado con el rechazo de comunidades autónomas y de representantes del sector. Propietarios, que consideran que no se les da seguridad jurídica; inquilinos que opinan que la actual normativa debería atacar desde los precios iniciales; y la oposición al Gobierno que lamenta que sea una cruzada con el único fin de que el PSOE agrade a sus socios políticos.

El presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Salamanca, Valentín Rodríguez, considera que la Ley de Vivienda «ha empezado la casa por el tejado». «Que haya un índice está bien, pero no se consigue nada si se sigue demonizando a un propietario que no saca viviendas al mercado por falta de seguridad».

Así, reconoce que sigue habiendo «muchos pisos cerrados» ante la falta de una fiabilidad y unos plazos que cada vez son más largos con la nueva Ley de Vivienda. Según la normativa, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda durante un periodo de cinco años, o siete si el propietario es una empresa.

«Alargar tanto los plazos provoca que los caseros sean aún más reticentes a alquilar a familias. En el caso de los estudiantes no suele haber problemas porque son habitaciones que se renuevan año a año y es un mercado muy consolidado», reconoce Rodríguez. Esta situación ya se viene reflejando en el mercado inmobiliario de Salamanca donde la mayoría de los propietarios optan por restringir su oferta a estudiantes o a núcleos familiares cuya situación económica ofrezca total garantía de pago, una situación que se ha agravado desde la entrada en vigor de la nueva norma.

«Cada vez hay más viviendas vacías por la falta de seguridad que tienen los propietarios. Los caseros solo quieren que no se les demonice, sacar cuatro duros y que les paguen lo establecido, pero el miedo a no poder hacer nada ante una situación de impagos cada vez pesa más», reconoce. «El 80 % de la Ley de la Vivienda no responde a la realidad del sector, sino a necesidades políticas», lamenta.

La ausencia de vivienda además se refleja en el descenso del stock de casas nuevas que se ha reducido a la mitad desde la crisis económica. Desde 2011, el stock de inmuebles a estrenar ha caído a la mitad. Según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del último año completo de 2023, se cerró con 2.259 casas nuevas disponibles. frente a las más de 4.500 que había hace trece años antes o las 3.471 de hace una década. Solo una de cada doscientas viviendas que están a la venta en Salamanca no es de Salamanca, uno de los porcentajes más bajos que se registran en el conjunto de España.

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