Borrar
Instalaciones del contencioso-administrativo en la sede provisional de Torres Villarroel. L.G.
Nuevo 'baile' de juzgados que entorpece la ya retrasada reforma de la Audiencia Provincial

Nuevo 'baile' de juzgados que entorpece la ya retrasada reforma de la Audiencia Provincial

La recién creada sala de lo Social 3 se mudará a Gran Vía, Fiscalía de Menores a Colón y Justicia sigue buscando un local para reubicar varios órganos

Martes, 23 de enero 2024, 11:46

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Entre el 27 de noviembre y el 14 de diciembre cuatro juzgados cambiaron de ubicación. Los contenciosos-administrativos se mudaron de las instalaciones de la plaza de Colón a la sede provisional del paseo de Doctor Torres Villarroel. Al mismo bloque se trasladó desde Gran Vía el Juzgado de Menores. Y la sala de Primera Instancia número 8 cambió de estancias dentro del propio edificio de Colón. Todo este 'tetris' permitió generar en ese inmueble un hueco para la sala de lo Social 3, que, a través del BOE, el Ministerio se había comprometido a crear antes del 31 de diciembre. Después de todos esos cambios, esa sala recién estrenada ya encara un nuevo traslado. La Gerencia Territorial de Justicia proyecta ya su reubicación en la última planta del Palacio de Justicia de la Gran Vía. Aunque el edificio de la Audiencia Provincial debería empezar a vaciarse ya para acometer la reforma que, como recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a iniciar en 2023, el órgano judicial de más reciente creación en la provincia se irá a estas instalaciones. Concretamente se ubicará en el espacio que actualmente ocupa la Fiscalía de Menores y al equipo psicosocial —la antigua casa del presidente de la Audiencia—. Pero antes será necesario trasladar esa sección del Ministerio Público a Colón, al espacio que Primera Instancia 8 dejó libre el pasado mes y que se está sometiendo a una reforma que previsiblemente concluirá en febrero, según apuntan fuentes judiciales.

Pero todo este «baile» es realmente una solución provisional hasta que el Ministerio encuentre un local lo suficientemente amplio como para llevarse los tres juzgados de lo Social. Si bien se pensó en instalarlos en las antiguas dependencias de la Cámara Agraria —en el paseo de Canalejas—, ahora en manos de la Junta de Castilla y León, no es posible ya que estas dependencias solo pueden ser destinadas a fines vinculados al sector primario. Se llegó a poner sobre la mesa la opción de utilizar para ello una de las plantas que se encuentran vacías en el edificio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en Canalejas. Pero esa posibilidad fue descartada, según señalan algunas fuentes, por motivos económicos. En el momento en que Justicia encuentre un inmueble con capacidad para albergar esas salas y se acondicione para ello, el Juzgado de Menores, que desde principios de diciembre se encuentra en la séptima planta del edificio del antiguo MOPU —en Torres Villarroel—, podrá regresar a las instalaciones de la plaza de Colón, con lo que se ubicaría en el mismo inmueble que la Fiscalía de Menores. Aún así, los dos Contenciosos-Administrativos continuarían compartiendo instalaciones con la Demarcación Territorial de Carreteras y en breve también con las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Duero, que actualmente están en obras.

El Palacio de Justicia, a la espera

Lejos de vaciar el Palacio de Justicia de Gran Vía para la reforma que se viene retrasando desde 2011, todo el 'baile' de órganos judiciales que se inició hace dos meses ha llevado nuevos juzgados al edificio de la Audiencia Provincial, como el Social número 3. Esté tendrá que trasladarse a otro emplazamiento —aún por definir— cuando se vaya a emprender la rehabilitación del inmueble, una inversión que, según recoge el tomo III de la serie roja de los PGE del pasado ejercicio, se iba a licitar a iniciar en 2023. No solo no se han contratado las obras, sino que ni siquiera se han sacado a concurso público para que puedan presentarse ofertas. De momento no se ha trasladado ningún calendario para la ejecución de estas laboras, que no pueden emprenderse antes de que acabe la reforma del edificio anexo al Palacio de Justicia —situado en Gran Vía 39-41—, al que se trasladaría de forma provisional la Audiencia.

La última información sobre este asunto es la que la Gerencia de Justicia ofreció a la junta de personal en octubre. Aseguró que, en cuanto a la licitación de la reforma de la Audiencia, la Subdirección de Obras estaba «pendiente la redacción de la versión final del proyecto y que una vez finalicen las obras que se están ejecutando en el edificio anexo, se podrán trasladar los órganos judiciales existentes en el Palacio de Justicia».

El 12 de junio de 2023 la Subsecretaría del Ministerio de Justicia contrató por 1.134.844 euros —IVA incluido— la continuación de los trabajos para mejorar la accesibilidad y las instalaciones del edificio situado en el número 39-41 de Gran Vía. Después de que se rescindiese el contrato para la ejecución de estos trabajos en 2020 por paralizarse completamente durante la pandemia, volvió a iniciar su contratación hace un año. Este proyecto es indispensable para poder acometer la reforma del Palacio de Justicia, que los sucesivos gobiernos de España llevan comprometiendo con Salamanca desde hace más de una década y media. Es a ese espacio al que se trasladará la Audiencia Provincial durante el tiempo que se prolongue la obra de su actual sede. La previsión de la Gerencia Territorial, según fuentes del sindicato STAJ, es que la reforma del edificio anexo concluya el próximo 12 de febrero. A partir de ese momento, podrían comenzar a trasladarse las oficinas del tribunal provincial a esas instalaciones. Sin embargo, esa mudanza no implicaría el inmediato comienzo de la rehabilitación del Palacio de Justicia. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que el Ministerio no ha licitado todavía esa obra. De hecho, la información que en octubre facilitó la Gerencia, apunta a que aún se están realizando retoques en el proyecto de ejecución. Y, después de abrir el concurso público para que las empresas puedan presentar sus ofertas, los plazos para elegir al adjudicatario conllevarán que los trabajos no podrán iniciarse hasta, al menos, hasta tres meses después, como muy pronto en primavera.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios