De ingeniero a peón en las minas de Barruecopardo por huir de la «dictadura de Venezuela»

«Si tuviéramos que decidir otra vez, nuevamente optaríamos por venir a España. Tomamos la mejor decisión», subraya convencida Carolina Rincón. Enfermera con más de 15 años de experiencia en Venezuela, no puede ejercer su profesión en España porque, después de casi un año, no ha logrado homologar su título. Mientras se reinventa laboralmente.

«A veces es muy frustrante saber que puedes aportar tanto a una sociedad donde se necesita tanto personal sanitario y sentirte atada de manos porque no puedes ejercer hasta que no tengas la homologación y estés colegiada», se desahoga esta venezolana de 37 años que llegó a España junto a sus hijos en febrero del pasado año.

Cuatro meses antes, en octubre de 2022, lo había hecho su marido, Jonathan Fernández, de 42. Él es técnico superior universitario en Mecánica Térmica, asimilable a una ingeniería técnica. Por el mismo motivo que su mujer, tampoco puede ejercer su profesión. Pero hace menos de un mes logró un empleo como peón en una mina.

«Desde este 9 de enero soy operario de producción en Barruecopardo. No es mi especialidad, pero lo hago con todo el amor del mundo y la mejor disposición. Estoy muy agradecido. Se me abrieron las puertas con ese empleo. Gracias a él, pudimos alquilar un piso, algo que resultaba imposible hasta ese momento», explica.

«Ambos estamos en el proceso de homologación con el Ministerio de Universidades, pero se tarda muchísimo. Llevamos casi dos años y no hay resolución», comentan. «Para nosotros, ha sido muy importante el programa de formación e inserción laboral de Cruz Roja. Como no hemos podido homologar los títulos, nos ha dado las herramientas para poder ver otras opciones de empleo a las que podemos postularnos», subraya Carolina, quien confía en que la historia de su familia ayude a motivar a otras personas que pasan por el mismo proceso y lo ven «inasequible».

«Lo lograrán. Solo hay que llenarse de paciencia y aprovechar el momento para reinventarse hasta que podamos volver a ejercer», dice.

A pesar de las dificultades, pese a que han tenido que superar momentos muy duros para salir adelante, esta pareja, con dos hijos de 9 y 14 años, Daniel David y Valeria Sofía, no se arrepiente de haber dejado atrás su tierra natal.

«Para nadie es un secreto que en Venezuela se vive en una dictadura, bajo un régimen violador de los derechos humanos. Esto ha llevado al país a una crisis impresionante política, económica y social. Ha obligado a muchos venezolanos a vender sus propiedades para conseguir dinero y salir del país en busca de un mejor futuro para sus hijos», cuenta Carolina.

Aun así, tomar la decisión de abandonar el país no fue fácil. «Teníamos nuestros trabajos en Venezuela. Lo evaluamos durante casi un año y en agosto de 2022, decidimos que yo me venía a España. No teníamos acá dónde llegar, ni familiares... Investigando por internet qué sitio, qué provincia, qué destino, decidimos escoger Salamanca. Y, cuando me vine a España, estuve cuatro meses sin ver a mi esposa ni a mis niños. Sé que hay personas que pasan por un proceso más largo, pero es difícil no saber cómo lo están pasando, porque en Venezuela pasan cosas extrañas», recuerda Jonathan.

Jonathan aterrizó en España con poco más de mil euros en el bolsillo y sin tener ningún lugar donde alojarse. «Cuando llegué entré como turista con todos los requisitos de la ley para poder ingresar en España y una vez aquí decidimos solicitar protección internacional», recuerda. «Fui tirando del dinero que traje de Venezuela, pero eran muy pocos ahorros. Trabajé en alguna que otra cosa, retirando escombros, pintando, tareas de construcción... pero no tuve trabajo formal porque no tenía la documentación necesaria. Y tuve que sobrevivir. Gracias a Dios, ahora tengo un trabajo formal», cuenta desde Vitigudino, municipio al que se ha alojado toda la familia.

Jonathan cuenta que unos meses después de llegar a Salamanca acudió a Cáritas, que le ayudó con el alquiler de una habitación y luego le direccionaron al programa de acogida de Accem, en el que no entró hasta que llegaron a España Carolina y sus hijos por si les enviaban a otra provincia.

De ahí, pasaron a Ymca, que ofreció apoyo integral a la familia durante sus primeros meses en España. Y posteriormente recibieron el apoyo de Cruz Roja. En paralelo, avanzaba muy lento el proceso para obtener el permiso de trabajo.

«Fue bastantes dilatada. Tuve una cita para solicitar la protección internacional. Y luego pasaron seis meses para formalizar la solicitud y a partir de ahí otro medio año más, casi un año sin permiso para trabajar», señalan.

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