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La Junta de Castilla y León no adelanta de momento si atenderá o no la petición porque ni siquiera la ha recibido, pero la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca tiene muy claro que en los próximos días va a solicitar a Patrimonio una nueva prórroga del permiso para instalar cortavientos en las terrazas de la Plaza Mayor, ya que el próximo 23 de octubre vence la autorización que recibieron hace casi un año. «Creemos que es bueno para la ciudad. No estamos hablando de cerramientos ni de clavar nada al suelo. Es una práctica muy extendida en toda España y Europa que permite ofrecer terrazas también en invierno, algo que demandan los turistas», defiende el presidente de la agrupación, Jorge Moro, quien insiste en que este tipo de elementos no dañan la imagen del monumento.
No está clara cuál será la repuesta de la ponencia técnica de Patrimonio a esta solicitud dadas las reticencias que mostró en 2022 a extenderla. Por su parte, el Ayuntamiento no se pronuncia al respecto e insiste en que las competencias para autorizar este tipo de elementos son de la administración regional. Tras varios intentos fallidos fue en marzo de 2021, en plena pandemia, cuando la administración autonómica dio vía libre de forma excepcional y por primera vez a la utilización de estas mamparas en el Bien de Interés Cultural (BIC). Se hizo para tratar de compensar las pérdidas sufridas por el cierre y las limitaciones que sufrió la hostelería durante los dos estados de alarma. Cuando en abril de 2022 la Asociación de Empresarios de Hostelería solicitó la renovación del permiso, le fue denegada al considerar la administración autonómica que «ya no se daban las circunstancias que lo motivaron un año antes». Sin embargo, la insistencia de los bares y cafeterías, así como la mediación del Ayuntamiento, llevaron en noviembre del pasado año a que se les concediese un nuevo permiso de siete meses, que venció el 31 de mayo. En noviembre de 2023, recibieron otra nueva autorización que les permite utilizar estos elementos, combinados con las estufas autorizadas, hasta dentro de cuatro semanas. A partir de ese momento, lo que ocurra está en manos de la Junta.
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