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Alquileres entre un 10% y un 15% más caros, más pisos compartidos y habitaciones para estudiantes, y una contracción de la oferta para las familias, que deja a aquellas que tienen menos recursos económicos casi sin opciones de acceder a una vivienda. Estos son, según el sector inmobiliario de Salamanca, algunos de los efectos provocados por la nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en un mercado marcado por la inflación que afecta a todos los sectores. Y, todo ello, a pesar de que, con las elecciones, primero, las municipales y, después, las generales, su aplicación ha quedado prácticamente en el aire.
Un informe publicado esta misma semana por un conocido portal inmobiliario destacaba el aumento de un 34% de la oferta de alquiler de habitaciones en pisos compartidos en España. En el caso de Salamanca, el incremento sería ligeramente inferior, del 23%, según Idealista. Aunque en su informe apunta que en esta provincia los alquileres apenas han subido en el último año, más de una decena de profesionales del sector consultados por este periódico, así como el presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Salamanca, Valentín Rodríguez, apuntan que en los últimos doce meses se ha registrado un encarecimiento de entre el 10% y el 15% en la capital del Tormes. «Está claro. Han subido todos por la Ley de Vivienda. De hecho, hay gente que trata de hacer contratos de estudiantes a familias porque es la única manera de escapar un poco de la nueva normativa y, si a eso le sumas la subida del IPC, pues...», asegura Rodríguez. «Hay muchos propietarios que el año pasado casi no habían subido nada y ahora lo han elevado un 10% porque se les ha encarecido la comunidad, la luz, los impuestos,...», añade.
Pero, si uno de los objetivos de la nueva ley era hacer más accesible la vivienda a las familias, al menos de momento, se ha conseguido lo contrario. La incertidumbre y los temores a no poder expulsar a los morosos o a que se imponga un tope al alquiler han llevado a más propietarios a apostar por el mercado de estudiantes. ¿Por qué? «Es muy volátil. Sabes que en unos años se irán. Vas a tener un piso posiblemente en peores condiciones, pero no tienes el miedo de impagos o de que se vayan quedar en él sin pagar», apunta Ángel Martín, con una dilatada experiencia en el sector inmobiliario de Salamanca. «Es producto del temor a una ley muy proteccionista con el inquilino y que puede dejar en la desprotección más absoluta al dueño del inmueble», comenta. Y, como consecuencia de ello, «está siendo muy complicado para algunas familias encontrar viviendas, especialmente si hay niños pequeños; muchos propietarios ya no les alquilan y prefieren arrendamientos de temporada», remarca Álvaro Herrero, quien destaca que a los estudiantes se les hacen habitualmente contratos de diez meses que se renuevan al año y que quienes pagan son los padres, lo que, por norma general, implica un menor riesgo de impago. Por otra parte, subraya Valentín Rodríguez, los universitarios siguen aumentando y, mientras siga haciéndolo, los precios seguirán al alza.
«La gente tiene miedo a los topes al alquiler y, por ello, ha optado por poner precios altos de momento por si en un futuro no pueden hacerlo», señala Nerea Portal, cuya agencia inmobiliaria se encuentra en pleno casco histórico. «El mayor incremento de precios se produce a partir de las nuevas regulaciones improvisadas por el Gobierno», remarca David Álvarez, de un grupo inmobiliario con varias oficinas en la provincia. «La falta de seguridad jurídica para los propietarios es abrumante y esto está suponiendo la exclusión de algunas familias del mercado, especialmente cuando hay menores y emigrantes, añade. «Veo situaciones muy tristes de familias que se echan a llorar porque no encuentran vivienda», asegura indignado apuntando que tiene «muchos clientes con viviendas cerradas que no las alquilan por el miedo y la falta de seguridad jurídica».
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