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En agosto de 2020 el Gobierno aprobaba un Real Decreto con el que daba por cumplida una directiva europea de 2012 que establecía la obligatoriedad de colocar sistemas que permitan a los propietarios controlar la temperatura que hay en las viviendas con calefacción central.
Las comunidades de propietarios podían cumplirlo mediante la instalación de contadores individuales, y así controlar la temperatura en el interior de los domicilios y ajustar a su consumo lo que paga cada propietario.
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Sin embargo, en la práctica cuatro años después de que se tomara esta medida no se ha generalizado en la provincia de Salamanca, ya que la obligatoriedad cuenta con un resquicio al que se han aferrado muchas comunidades de propietarios. «En la mayoría de los casos la inversión supera al ahorro previsto en cuatro años por lo que deja de ser obligatorio. Las comunidades que deciden realizar este cambio lo hacen porque han renovado los equipos», justifica el responsable de los administradores de fincas, Ángel Hernández.
Aunque en un principio se habían establecido multas de hasta 10.000 euros por incumplir este requisito, lo cierto es que la mayoría de bloques de viviendas pueden acogerse a esta excepción.
Los costes suelen variar entre 23 y 25 euros por radiador por el contar, la instalación de llaves termostáticas, con 45-50 euros en cada aparato de calefacción, además de una actuación en la sala de calderas, que puede suponer un gasto de hasta 6.000 euros. De hecho, Hernández señala que en los casos en que las comunidades han optado por considerarlo como una inversión lo han hecho por «convencimiento» lejos de la imposición.
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