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La volatilidad en las políticas energéticas y los cambios aplicados en las directivas europeas para la mejora de la eficiencia energética están provocando que los vecinos hayan frenado su intención de renovar las calderas compartidas en comunidades de propietarios, tal y como reconocen los administradores de fincas.
El hecho de que haya tantos cambios a la hora de subvencionar unas energías u otras hace que los residentes que forman parte de un bloque de viviendas no quieran hacer un gasto de esa magnitud y alargarlo hasta que la situación sea inevitable. «Lo que en un momento determinado es bueno y tiene unas subvenciones acaba denostado, y al contrario.
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Cuando se realiza una inversión en energía en un cambio de equipos es una decisión cuya trascendencia se prolonga en el tiempo y requiere de una seguridad que ahora mismo no existe», detalla Ángel Hernández, presidente de los administradores de Salamanca, que reconoce además que los propietarios están en una situación que «no es boyante» y acometen solo los gastos «que son necesarios».
En este sentido, señala que ahora las mayores subvenciones se reciben por placas solares o aerotermia, dos energías que requieren de un coste económico y un periodo de amortización que no todos pueden asumir frente a la biomasa o los pellets que también se les ha dado difusión en otros momentos.
En Salamanca, casi el 40 % de los hogares se calienta con gas —52.800 viviendas en la provincia— y hay más de 30.000 con un sistema colectivo de calefacción, según el INE, aunque en la encuesta no se discrimina cuáles son de gas y cuáles no.
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