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El ministro del Interior está curtido en abucheos. Sale con los tapones puestos de casa para que no le piten los oídos, porque su figura concita el rechazo de una mayoría de ciudadanos, casi al mismo nivel que Pedro Sánchez. Y ayer, en Salamanca, no podía ser menos, a pesar de que venía aquí a cerrar en el Día de la Policía Nacional una semana brillante de actos que han servido de promoción a la ciudad (aunque también han causado no pocas molestias).
A Marlaska le pidieron la dimisión a gritos en la Plaza Mayor por representar a un Gobierno dispuesto a ceder ante los que pretenden romper esa España cuya integridad defienden la Policía y el resto de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. El ministro del Interior forma parte de un Gabinete que no sabe o no quiere defender la unidad de la nación contra sus enemigos y que tampoco ha apostado nunca por los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley.
Dentro de esa estrategia de desprecio, la Policía Nacional es una privilegiada porque se le supone un tinte más 'progresista', mientras que la Guardia Civil viene siendo objeto continuo de ataques y ofensas por parte del aparato sanchista.
Lo de menos es que el presidente se haya referido a ellos como «piolines» (ahí, por cierto, también incluía a los policías nacionales), lo peor es que ha llegado a acuerdos con Bildu, los herederos de ETA, para expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, y que le ha quitado la Benemérita la vigilancia de puertos y aduanas para encargársela a las policías autonómicas. Son concesiones a los separatistas que suponen traslados de familias, incomodidades y una sensación frustrante de abandono por parte del Ministerio.
No menos sangrante es la actitud del Ejecutivo respecto a los actos de agravio a las fuerzas de seguridad que, junto a los homenajes a etarras, son organizados con total impunidad por sus socios bildutaras. El Gobierno sanchista mira para otro lado cuando los herederos de los asesinos promueven, siempre en territorio navarro, actos como el 'Ospa Eguna' de Alsasua, con el único objetivo de insultar y amedrentar a la Guardia Civil, o el »Día del Inútil» en Echarri Aranaz. Podemos antes y Sumar ahora, los coaligados con Sánchez, siempre han apoyado a los comunistas aberchales, mientras que el PSOE se limita a mirar para otro lado.
Además, los guardias civiles y los policías siguen cobrando mucho menos que sus colegas de los cuerpos de seguridad de Cataluña o País Vasco, y no hay forma de que el Ministerio se avenga a cumplir el compromiso de equiparar sus sueldos.
El dinero de que dispone el Ejecutivo sanchista, que es más del que ha dispuesto ningún gobierno de España en la historia gracias a una política fiscal insaciable, lo reservan para otros cometidos. Por ejemplo para pagar la factura de los golpistas y separatistas que se ha buscado como socios de la futura investidura. Y estamos hablando de muchos millones porque son muchos a pedir y todos ellos voraces como lobos. Solamente los de Puigdemont exigen ahora 450.000 millones de euros, por una supuesta deuda histórica más la condonación de los 70.000 millones que debe la Generalidad al Estado. Solo con la 'bolsa' que pide el prófugo de Waterloo para votar a Sánchez tendría Marlaska suficiente para repartir 3 millones a cada policía nacional y a cada guardia civil en activo.
No sabemos cuánto acabarán regalando a los golpistas, pero a los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado no van a llegar ni las migajas y eso lo saben en Salamanca y en el resto de España. Normal que le piten, y demasiado poco es.
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