DE CALLE
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Parece que Feijóo ha despertado de su larga siesta veraniega y se ha enterado de que andan por ahí unos tipejos negociando amnistías, referendos y otras medidas para acabar con el estado de Derecho y la igualdad entre todos los españoles.
Ha habido un momento, digamos unas semanas, en las que no se sabía muy bien si el gallego subía o bajaba la escalera. Un día proponía al Partido Sanchista que dejase gobernar al PP dos años para convocar elecciones acto seguido y al día siguiente mandaba correveidiles a conversar con el fugado de Waterloo un posible apoyo a su investidura. Como cabía esperar, Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont se han partido de risa ante semejantes proposiciones.
En vista del relativo éxito de sus ofertas, ayer por fin el ganador numérico de las últimas elecciones generales, perdedor en la práctica, se arrancó a convocar a los españoles a una protesta colectiva contra el desastre que se avecina. El meollo de la concentración será exigir a Sánchez que no negocie la amnistía a los golpistas catalanes. La manifestación se celebrará el domingo día 24, no se sabe en qué lugar de Madrid, en un enclave que será abierto «si el tiempo lo permite», según adelantó ayer con cierto temor Cuca Gamarra.
Hombre, yo creo que la trascendencia del asunto merece mojarse un poco en caso de que ese día llueva en la capital del Reino. El hecho de que un delincuente fugado decida el Gobierno de España es suficiente motivo como para aguantar un chaparrón en la Gran Vía, pero el plan de Sánchez de concederle la amnistía y después un referéndum camuflado al prófugo, es como para echarse a la calle y no volver en una semana.
Ya sabemos que los españoles hemos votado lo que hemos votado, y que quienes introdujeron en la urna la papeleta del PSOE ya sabían que el del Falcon intentaría reeditar el Frankenstein por todos los medios, pero eso no implica que nos debamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo la ambición de poder de uno y el odio a España de los otros acaban con nuestra nación.
La amnistía a los sediciosos y prevaricadores encabezados por Puigdemont supone un ataque al estado de Derecho mucho más grave de lo que en su día supusieron los indultos a Junqueras y su tropa golpista. El indulto suspende la pena, pero no borra el delito; la amnistía, en cambio, niega el delito y a la vez niega que España sea un Estado democrático. La amnistía se concede para corregir los errores de un sistema corrupto o dictatorial, o las dos cosas, como ocurrió en España en 1977. La amnistía supone reconocer que los sediciosos catalanes tenían razón y que son la Justicia y el Gobierno de España los que se han equivocado y tienen que pedir perdón.
Por eso la amnistía que Sánchez se dispone a conceder a los rebeldes no tiene cabida en la Constitución, que reconoce que España es un Estado social y democrático de Derecho.
Es tan obvio que la medida atenta contra la Carta Magna que el propio Sánchez y muchos de sus ministros así lo reconocían hasta hace unos días, cuando en Moncloa y Ferraz han ordenado cambiar de opinión, que es como cambiar de bando para ingresar en el de los enemigos de España, a cambio de siete votos.
Todo esto al viajero del Falcon le importa un bledo y ya lo sabíamos. Lo que no teníamos tan claro es que todo el aparato del PSOE iría detrás como un solo hombre. Suenan de lejos algunas voces descontentas de la vieja guardia y de los 'críticos' de siempre, Page y algún otro barón, mientras el resto, incluidos los dirigentes socialistas en Salamanca y en Castilla y León, dudan entre el silencio y la adhesión inquebrantable al jefe. Un motivo más para aguantar chaparrones en Madrid el día 24.
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