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Estaba cantado que la Ley de Concordia de Castilla y León iba a acabar en discordia entre PP y Vox, los dos presuntos padres de la criatura. Tal día como ayer los populares firmaron en las Cortes regionales el acta de defunción de esa norma concebida por los de Abascal para tomarse la revancha de la Ley de Memoria Histórica, o Memoria Democrática, que igual da, pergeñada como venganza por los gobiernos del inefable Rodríguez Zapatero y que Rajoy no se atrevió en su día a enderezar.
Estaba cantado el funeral de la Ley de Concordia porque formaba parte del paquete de concesiones de Mañueco a su entonces socio y nunca amigo García Gallardo. La norma fue concebida en los tiempos del pacto de populares y verdes en la Junta y una vez roto el acuerdo por parte de los verdes, por aquello del quítame allá esos menas, no tenía sentido continuar con el programa de demolición de la memoria. Por cierto, una Ley socialista con muchos defectos, concebida como una forma de cambiar y reinterpretar la historia de España para sustituirla por un nuevo relato donde los que perdieron pretenden haber ganado con efecto retroactivo.
Nada que objetar a la obligación moral y humana de recuperar los cuerpos y honrar la memoria de los asesinados por el franquismo, y poco que objetar a la orden de destruir los símbolos de la dictadura como han hecho en tantos países tras recuperar la democracia. Pero la Ley zapateril va mucho más allá: es un intento absurdo y extemporáneo de reescribir la historia con el único objetivo de enfrentar y dividir a los españoles. Con el paso de los años, podemos afirmar que Zapatero ha conseguido su objetivo.
La Ley de Concordia debería haber sido un intento de recuperar la sensatez, pero lo cierto es que el texto caía en los mismos defectos que la norma socialista, solo que del otro lado. Evitar a toda costa llamar dictadura a la dictadura de Franco era un insulto a la inteligencia que los castellanos y leoneses perfectamente nos podemos ahorrar, sin que nos vaya en ello la vida. En realidad, los ciudadanos hemos pasado página de esas películas hace muchos años.
Así que el PP de Mañueco acierta enterrando la Concordia en el baúl de los olvidos, no por razones de «prioridad y prudencia», como argumentaba ayer Óscar Reguera, portavoz popular del asunto durante el pleno en las Cortes regionales, sino porque Castilla y León no tiene nada que ganar en esta batalla y no estamos para perder el tiempo y el dinero que pagamos a sus señorías los procuradores y consejeros.
Lo más sorprendente del asunto es la rabieta que se han cogido los discípulos de Abascal al comprobar que los del PP no cumplen los pactos que el propio Abascal decidió romper. No sé en qué mundo viven García Gallardo y sus acólitos, quizás en un paraíso donde los matrimonios siguen compartiendo mesa y cama tras el divorcio. En la vida real, en la política real, cuando uno rompe una coalición no puede esperar que sus propuestas, forzadas en su día a cambio del apoyo parlamentario, vayan a salir adelante 'gratis et amore'. Quizás es que los verdes no se han dado cuenta todavía de que están fuera el gobierno de la Comunidad, donde siempre ha hecho mucho frío, y si no que se lo pregunten al socialista Tudanca, que no suelta el abrigo ni en verano.
Gallardo le había cogido gusto al cargo de vicepresidente y todavía cree que manda algo en Castilla y León. Hubo un tiempo en que sus exabruptos y salidas de pata de banco tenían repercusión incluso a nivel nacional, pero la cruda realidad de los tiempos actuales es que sus acusaciones de traición a Mañueco solo provocan pena. Así es la vida.
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