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Explotaban a las víctimas en dos pisos en las calles Ayala y Lumbrales de Salamanca y en diversas localidades de Francia y Países Bajos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado las penas de siete años y diez meses de prisión; y de dos años y ocho meses de cárcel, impuestas por la Audiencia Provincial de Salamanca, al hombre M.A.N.R. y a la mujer N.A.S.M. por un delito de trata de seres humanos tras captar a mujeres, principalmente en Venezuela, que traían hasta España, Francia y Países Bajos a través de Colombia. Estas eran obligadas a prostituirse.
Según la sentencia del Tribunal, M.A.N.R. se puso de acuerdo con otras personas, no juzgadas en esta causa, para captar a las mujeres aprovechando su situación de precariedad económica. De modo que les ofrecía dedicarse a la prostitución en circunstancias muy ventajosas como medio de solventar su ausencia. Realmente el objetivo era lucrarse de la explotación valiéndose de su situación de vulnerabilidad. Una de las víctimas, que decidió denunciar, aseguraba que no poder abandonar las circunstancias abusivas que padecía, al carecer de medios ciertos para ello, y que era obligada al pago de una deuda y con temor real a las consecuencias del incumplimiento de las condiciones impuestas (como horarios estrictos, disponibilidad total para atender a los clientes salvo un periodo de descanso reducido, obligación de entregar todo el dinero obtenido, abono de una deuda...).
Los dos acusados fueron detenidos como consecuencia de una redada contra la explotación sexual desarrollada a finales de 2022 en Salamanca dentro de una operación contra una red de explotación sexual.
Se comprobó en uno de los pisos registrados que en 12 horas se habrían facturado cantidades cercanas a los 2000 € por medio de pagos hechos con tarjetas de crédito (según los anuncios, se admitían pagos en metálico y en bizum). Más o menos se pudo deducir que cada empleada hacía unos 14 servicios sexuales al día y trabajaba unas 15 horas al día).
Concretamente, M.A.N.R. se encargaba de la compra de billetes para materializar el traslado ilegal y alquilaba los apartamentos en que alojaba a las mujeres. Asimismo, se ocupaba de recaudar el dinero procedente de la explotación de las víctimas a través de envíos de dinero y transferencias bancarias; y colocaba anuncios en internet ofreciendo servicios sexuales.
Por su parte, la mujer N.A.S.M. gestionaba el dinero procedente de tal actividad mediante envíos a M.A.N.R. o a terceras personas de su entorno. También publicó anuncios de los servicios sexuales. En el juicio, celebrado en la Audiencia en octubre de 2023, negaron los cargos contra ellos por explotar a las mujeres. Por su parte, una de las testigos protegidas mantuvo ante el tribunal que ejercía la prostitución para poder pagar 'la deuda' de 8.000 euros que tenía con el grupo, que quería dejarlo pero que no podía y que cada vez le exigían más dinero.
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