18 mayo 2022
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Nueva condena para la procuradora que ‘robaba’ a letrados y clientes

La Audiencia le impone una pena de tres años y tres meses de prisión, inhabilitación para ejercer su profesión, multa e indemnización

25 oct 2021 / 22:08 H.

La procuradora salmantina acusada de apropiarse del dinero de letrados y clientes ha vuelto a ser condenada.

En la sentencia, notificada este lunes a las partes y a la que ha tenido acceso LA GACETA, la Audiencia Provincial de Salamanca declara a M.G.R. autora de un delito continuado de apropiación indebida en concurso ideal con un delito continuado de deslealtad profesional y le impone una pena de un año y seis meses de prisión por el primer delito y el pago de una multa de 2.164 euros por el segundo, así como la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de procurador durante tres años, seis meses y un día.

La declara autora además de un delito continuado de falsedad documental por lo que le impone un año, nueve meses y un día más de prisión y multa de 1.084 euros. Una condena de tres años y tres meses de prisión en total, a los que se unen el pago de multas y las correspondientes indemnizaciones. La sentencia todavía no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación en los próximos diez días.

En el juicio, que el alto tribunal salmantino acogió el pasado 21 de mayo, M.G.R. se mostró arrepentida y confesó ante el tribunal que se había quedado con el dinero de abogados y clientes en el ejercicio de su profesión de procuradora para afrontar los múltiples cargos que tenía pendientes. “Tenía un endeudamiento financiero muy importante. Quiero reparar económicamente todo lo que hice. No quiero que nadie más que yo se vea perjudicado por lo que hice”, manifestó entonces.

Así la acusada, que solo quiso responder a las preguntas de su letrado y de la Fiscalía -que le pedía una pena de cuatro años de prisión, tres de inhabilitación para su profesión y 10.800 euros de multa-, trató de justificar en cierta medida los hechos, ocurridos en distintos procedimientos de los años 2016 y 2017 en los que intervino.

Según le acusaba el Ministerio Fiscal y posteriormente reconoció ella misma, en el ejercicio de su profesión se quedó con diversas cantidades que correspondían a los clientes y a los letrados procedentes de indemnizaciones y honorarios. Además, en alguno de los casos, llegó a elaborar unas resoluciones imitando a las que se realizan generalmente en los procedimientos, resoluciones que eran falsas y con las que trataba de ocultar lo que había pasado y eludir responsabilidades, algo que M.G.R. también reconoció en el acto del juicio.

Es por ello que, tras la confesión de la procuradora, las partes renunciaron a muchos de los testigos que estaban citados para declarar en la vista y tan solo lo hicieron tres. Una de ellas, una de las clientas perjudicadas, aseguró que al enterarse de los hechos y debido a la situación económica complicada que tenía sufrió depresión y ansiedad y tuvo que estar en tratamiento farmacológico.

Tras el desarrollo de las distintas pruebas, el juicio quedó visto para sentencia, después de que el Ministerio Fiscal elevara a definitivas sus conclusiones.

Segundo juicio en apenas dos meses.

Con una diferencia de penas dos meses, M.G.R. fue también a juicio por hechos similares, caso en el que aceptó una condena de 1.080 euros de multa e inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un tiempo de dos años por un delito de deslealtad profesional. El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogió en este caso el acuerdo y la acusación se reservó eso sí las acciones civiles, que no se dirimieron en el proceso penal.

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