Inhabilitación y multa de 1.080€ para una procuradora salmantina por deslealtad
Las partes han alcanzado un acuerdo en esta nueva causa contra ella, pendiente eso sí de las acciones civiles
Lunes, 19 de julio 2021, 09:33
La procuradora salmantina que el pasado mes de mayo reconoció ante el tribunal de la Audiencia Provincial que se había quedado con el dinero correspondiente a indemnizaciones y honorarios de clientes y abogados, M.G.R., ha aceptado esta semana una condena de multa e inhabilitación en otro procedimiento seguido contra ella por deslealtad profesional, conformidad que acogió el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca.
Según informan fuentes del caso a LA GACETA, la pena acordada es de seis meses de multa a una cuota diaria de 6 euros (1.080 euros en total), así como la inhabilitación para ejercer la profesión de procurador por un tiempo de dos años -la fiscal le pedía inicialmente 3.600 euros de multa-.
La acusación se reserva eso sí las acciones civiles, que no se han dirimido en el proceso penal porque se pretende ejercer más tarde una acción civil contra ella en la vía correspondiente.
El alto tribunal salmantino acogió el pasado 21 de mayo el anterior juicio contra M.G.R., durante el que la procuradora se mostró totalmente arrepentida y confesó haberse quedado con el dinero de letrados y clientes en el ejercicio de su cargo, lo que aseguró haber hecho para afrontar los múltiples préstamos que tenía pendientes.
“Tenía un endeudamiento financiero muy importante. Quiero reparar económicamente todo lo que hice. No quiero que nadie más que yo se vea perjudicado por lo que hice”, declaró al alto tribunal salmantino tratando de justificar en cierta medida los hechos.
Estos habrían tenido lugar, según el relato del representante del Ministerio Fiscal, con motivo de distintos procedimientos entre los años 2016 y 2017 cuando la acusada se habría apropiado de diversas cantidades que correspondían a los clientes y a los letrados afectados y que procedían de indemnizaciones y honorarios.
El juicio quedó visto para sentencia tras elevar el fiscal a definitivas sus conclusiones. Le acusa por estos hechos de un delito continuado de apropiación indebida por el que pide que se condene a M.G.R. a dos años de prisión y por el delito continuado de deslealtad profesional solicita tres años de inhabilitación para el ejercicio profesional de procurador -aunque desde que salieron a la luz los hechos la acusada no ejerce- y el pago de 7.200 euros de multa.
Por el delito continuado de falsedad documental se enfrenta además a otros dos años de prisión y el pago de otros 3.600 euros de multa.
