El acusado de tangar a sus compañeros de charanga reconoce que falsificó firmas pero asegura que todos cobraron

La Audiencia Provincial acoge en la mañana de este lunes la primera sesión del juicio contra R.S.C., que se prevé continúa este martes dada la gran cantidad de testigos citados por las partes. Tal y como la semana pasada avanzó LA GACETA, el acusado se enfrenta a una condena de dos años de prisión que le pide el fiscal por un delito continuado de falsedad, así como al pago de 1.620 euros de multa. La Acusación particular, en representación de tres de los cuatro socios de la charanga, eleva esta petición a una pena de siete años y medio de prisión por el delito de falsedad y por otro de estafa, a todo ello añade el pago de 4.200 euros de multa y de la responsabilidad civil: 123.300 euros.

Según ha declarado el acusado ante el tribunal, a principios de 2011 fundó la asociación con los ahora denunciantes. Sus miembros actuaban por las fiestas de los pueblos y la asociación se creó básicamente para facturar porque, explicó, hasta el año 2010 “solo un recibo era necesario para justificar el pago y no nos pedían nada más”, sin embargo a partir de marzo de 2011 empezaron a actuar como asociación y el presidente era él mismo. Así estuvieron desde abril de 2011 hasta septiembre de 2014 cuando a raíz de una actuación en Fuentesauco, comenzaron a surgir los problemas y decidió cambiar el domicilio social y falsificó varias firmas en certificados para liquidar la banda sin dar cuenta de nada al resto de socios: “Lo hice así para olvidarme de todo el problema y liquidar la asociación”, manifestó, tal y como ha venido reconociendo desde el principio.

Una asociación que según declaró a continuación a preguntas de su defensa -se acogió a su derecho a no declarar ante la acusación particular-, la asociación como tal nunca existió. Realmente, dijo, era él la única persona que ejercía sus funciones en la misma, nada era propiedad de la charanga e incluso el teléfono de contacto de la misma era el suyo personal.

Según recoge el fiscal en su escrito de calificación, los hechos por los que se juzga a R.S.C. comenzaron en 2011. Los músicos de la asociación cultural y musical ‘La Escala’, de la que el acusado era miembro, recorrían los pueblos amenizando celebraciones y fiestas populares.

La asociación estuvo trabajando desde 2011 y hasta diciembre de 2015 y efectuaba los cobros domiciliándose el pago en una cuenta a nombre del acusado. A finales de 2014 y como quiera que fuera que los componentes de la asociación estaban a mal entre ellos, R.S:C. hizo una serie de papeleos ante la Junta de Castilla y León con firmas falsas con la finalidad de cambiar la directiva de la sociedad y disolverla.

La junta dio entonces de baja la asociación, sin que el resto de componentes supiera nada.

La acusación particular considera que todo ello lo hizo con ánimo de lucro, en concreto le acusa de estafar 123.300 euros al resto de integrantes de la asociación.