Situación límite porque el Gobierno tiene paralizado el módulo de presos del Hospital de Salamanca

La segunda evasión sucedió el pasado viernes -8 de marzo- con un recluso que acudió a consulta de Traumatología, se escapó por la Farmacia Hospitalaria y estuvo casi seis horas desaparecido, hasta que se le detuvo cerca del Cementerio y ya había tenido tiempo de robar una bicicleta para facilitar la fuga. «Pudo haber sido muy grave. Se trataba de un preso trasladado desde Granada y que, por lo tanto, no conocía Salamanca, ni tenía contactos aquí. Solo tuvo claro que debía huir en dirección hacia el río. Aún así le dio tiempo a quitarse la escayola y robar una bicicleta, pero si llega a conocer la ciudad…», coinciden en señalar varios miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que hablan de «situación límite» ocasionada por la parálisis en la apertura del módulo de presos del hospital salmantino.

En ambos intentos de fuga -según apuntan desde JUCIL (Asociación Justicia Guardia Civil)- se habría reducido el riesgo de escapatoria de haber estado abierta la Unidad de Custodia Hospitalaria del Complejo Asistencial de Salamanca, que todavía no está en funcionamiento porque Instituciones Penitenciarias no se quiere hacer cargo de los trabajos pertinentes para convertir un espacio hospitalario -construido y después cedido por la Junta- en habitaciones específicas para presos que luego son gestionadas por el Ministerio de Interior.

La historia es sencilla: la Junta de Castilla y León reserva en exclusiva una parte de su hospital -como ya sucedía en el viejo Clínico- para los presos de Topas, pero es el Gobierno quien debe rematar esa obra para adaptar el espacio a sus necesidades. Las habitaciones de un hospital no tienen rejas, ni cámaras de vigilancia, cajas fuertes para guardar armas, ni paredes reforzadas para evitar incidentes. De todo eso se encarga el Ministerio. Así se hace en el resto de hospitales de España, pero no se quiere hacer en Salamanca.

El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense -por ejemplo- ha sido uno de los más recientes en habilitar una Unidad de Custodia Hospitalaria para la prisión de Pereiro de Aguiar. Unas obras que supusieron un coste de 346.000 euros y que fueron financiadas en su totalidad por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE). Casualmente, esos 346.000 euros son la misma cifra que Sacyl ha presupuestado para rematar la Unidad de Custodia Hospitalaria de Salamanca, y que el Gobierno de España se resiste a pagar.

Hace años comunicó claramente que no quería pagarlos alegando a un cambio en la normativa de convenios. Posteriormente cambió de estrategia y, aunque sí admitió su responsabilidad, optó por dar largas para no tener que actuar.

«Esto es un tema claramente político. Hemos hablado con la Junta y con Sacyl y nos han enseñado el intercambio de correos y cartas con el Gobierno en los que no obtienen respuesta. Nosotros hemos pedido una reunión con la subdelegada del Gobierno y, directamente, ni nos contestan. No nos han hecho ni caso», apunta la secretaria provincial de JUCIL en Salamanca, Sonia Valverde.

Hay hartazgo en la Guardia Civil, pero también en la Policía Nacional porque ambos cuerpos son quienes están pagando esta estrategia del Ministerio de Interior.

La Guardia Civil se encarga del traslado de los presos desde Topas hasta el Hospital. Allí, es la Policía Nacional quien debe custodiar a los reclusos y lo hacen en Urgencias. «En Salamanca no se pueden hacer cargo de un ingreso, así que quedan en los boxes de Urgencias. Te puedes pasar horas y horas esperando en la calle para ver qué pasa con ese enfermo y si al final los profesionales sanitarios deciden que el recluso necesita ingresar, tenemos que llevárnoslo a otra provincia porque aquí no se puede, así que toca coordinarse con los compañeros de otras ciudades, trastocar sus planes y también están bastante cansados de esta situación», explican miembros de la benemérita.

«El Hospital de León cuenta con Unidad de Custodia Hospitalaria pero está lejos y no es receptivo. Ávila es preferentemente para mujeres, y en el Clínico de Valladolid ya también están hartos de esta historia, además de que se satura», explican quienes tienen experiencia en realizar este tipo de traslados, que no son pocos. «En los últimos tres años, desde que se abrió el nuevo Hospital de Salamanca, ya hemos tenido que trasladar a 56 presos de Topas a hospitales de otras provincias. Eso es un gasto enorme de recursos humanos», destaca JUCIL.

Otra de las quejas de los agentes es que «se están llevando más presos al hospital que nunca, y a veces es por minucias», pero entienden que cada vez hay menos médicos en las prisiones, se sienten saturados y optan por derivar al hospital.

También echan en falta que cuando se les llama para trasladar un preso a un centro sanitario, no se les facilite la catalogación y el grado de peligrosidad de ese recluso, como sucedió la pasada semana. Una vez detenido el sujeto, se supo que, aunque no estaba considerado como un preso violento, sí que estaba catalogado como «proclive a la fuga».

No se trata de una queja baladí. Los profesionales que trabajan en centros penitenciarios como el de Topas recalcan que «aunque el delincuente autóctono no es problemático, se están recibiendo en cambio muchos reclusos procedentes de África y de Europa del Este que son especialmente peligrosos» y que refuerzan la necesidad de contar con una unidad específica dentro del Hospital de Salamanca: garantizar la máxima seguridad posible, tanto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como a los sanitarios que les atenderán y al resto de pacientes y usuarios del Hospital.