Sacyl ya trabaja ante la posible huida de mutualistas de Muface en enero

La Consejería de Sanidad ya está trabajando con vistas a la posibilidad de que una avalancha de mutualistas solicite cambiar la asistencia sanitaria que recibe de Muface y pasar a Sacyl.

Desde el 1 hasta el 31 de enero se abre todos los años el plazo para que los funcionarios elijan cómo quieren recibir su atención sanitaria: por la vía pública o la privada. Se trata de un trasvase bidireccional que suele estar equilibrado y no generar grandes cambios de un año para otro.

En Salamanca hay cerca de 5.700 funcionarios con tarjeta sanitaria de Sacyl y otros 11.000 atendidos en clínicas privadas de Muface, pero la previsión es que este año sí se produzca un importante éxodo hacia Sacyl debido a la incertidumbre sobre el futuro de Muface.

En las últimas horas de 2024 se publicó la información de que la aseguradora DKV tampoco iba a presentarse al concierto que el Gobierno ha licitado por segunda vez. De ser así -tras la renuncia ya oficial de Adeslas- quedarían fuera de juego las aseguradoras que atienden a más de 700.000 funcionarios de toda España. Posteriormente, se matizó que tanto DKV como Asisa aún estaban analizando el pliego de condiciones y no habían tomado una decisión firme el respecto.

En cualquier caso, desde Sacyl se recalca que no quieren el desenlace -sea cual sea- les pille por sorpresa. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, no oculta su enfado por «la forma vergonzosa en la que el Gobierno está gestionando esto. Es lamentable». El burgalés asegura que «si hay que hacerse cargo de todos los mutualistas, por supuesto que se hará, pero demuestra la incapacidad del Gobierno para hacer nada», y añade: «Hay una gestión muy mala, pero hay también una intención política porque quien sale ganando de todo esto es el PSOE. Ellos no se van a desgastar porque apenas tienen gestión sanitaria en España. En cambio, van a causar un buen agujero económico en las comunidades autónomas».

Castilla y León ya ha explicado en anteriores ocasiones que existe una gran diferencia entre el dinero que le cuesta al Gobierno cada mutualista de Muface y lo que invierte la Junta en cada tarjeta de Sacyl. «Nosotros tenemos un gasto sanitario de más de 2.200 euros por tarjeta. Los mutualistas que nos puedan llegar lo harían, según los informes de Muface, con una financiación de unos 1.300 euros. ¿Cómo se cubre esa diferencia? Porque nosotros vamos a atender a todo el mundo por igual sin saber de dónde procede. Lógicamente, el agujero es para los presupuestos de las comunidades autónomas», explica.

Los expertos de las diferentes consejerías de Sanidad dan por seguro que este desplazamiento de tarjetas «va a causar problemas de funcionamiento en todos los sistemas autonómicos de salud».

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