Respaldo del pleno a la protección del Archivo de la Guerra Civil
La moción de Vox sale adelante con el apoyo del Partido Popular y los concejales no adscritos: «El Estado debe hacer cumplir la ley a todos, incluida a la Generalitat presidida por Salvador Illa»
El Archivo General de la Guerra Civil Española ha vuelto este viernes al centro del debate político en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca, donde la corporación ha analizado la moción presentada por Ignacio Rivas, concejal del Grupo Mixto, para defender la integridad del fondo documental y rechazar la reciente petición del Parlamento de Cataluña de retirar 30.000 nuevos documentos. La iniciativa, que ponía el foco en la protección de uno de los principales tesoros archivísticos del país, obtuvo un apoyo mayoritario entre los grupos.
Rivas ha defendido su propuesta recordando que el Archivo de Salamanca es «un símbolo de la memoria histórica y de la unidad del Estado», y ha advertido de que las reclamaciones aprobadas por el parlamento catalán en noviembre «reabren un conflicto que nunca debió iniciarse». A su juicio, la Ley de Restitución de 2005 —aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero— ha iniciado «el desmantelamiento de un patrimonio común», y la nueva exigencia de 30.000 documentos responde a «una operación política disfrazada de reivindicación histórica».
El portavoz socialista, José Luis Mateos, ha ofrecido una lectura distinta aunque ha coincidido en la importancia de respetar el marco legal. Ha recordado que ya en 1980 el ministro Manuel Fraga impulsó un proceso de clasificación que contemplaba la restitución de documentos a Cataluña, y ha subrayado que las reclamaciones actuales «no se refieren a nuevos fondos, sino a cuestiones técnicas ya evaluadas». Mateos ha remarcado que la solución debe pasar por la comisión mixta Generalitat–Gobierno y ha defendido que «si algún documento fue mal identificado debe volver al Archivo; si debe ser restituido, que se restituya». El PSOE ha votado en contra por considerar la moción politizada, pero reiteró su respeto al papel de los técnicos y al cumplimiento estricto de la ley.
El portavoz popular, Fernando Rodríguez, respaldó la iniciativa de Rivas y recordó que Salamanca fue «la primera en alzar la voz» contra la ley de restitución en 2005. Acusó al PSOE nacional de haber utilizado el archivo como «moneda de cambio» con los partidos independentistas y destacó que el Tribunal Constitucional ya estableció que solo pueden entregarse documentos a sus legítimos propietarios, y que el resto debe permanecer en Salamanca. Rodríguez insistió en que el Estado debe «hacer cumplir la ley a todos, incluida la Generalitat presidida por Salvador Illa».
Finalmente, Rivas agradeció los apoyos y subrayó que el respaldo a la moción tiene «un valor añadido», especialmente —dijo— porque «en Canarias gobiernan en coalición quienes hoy nos acompañan en la defensa del Archivo».
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