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En la memoria de objetivos de los Presupuestos Generales del Estado actualmente en vigor, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometía a «licitar e iniciar las obras» de rehabilitación del edificio de la Audiencia Provincial este año. El retraso en la adecuación de las dependencias del paseo de Torres Villarroel que albergarán parte de los juzgados y el hecho de que las obras del edificio anexo al Palacio de Justicia aún no hayan comenzado hacen prácticamente inviable que el nuevo Ejecutivo nacional que se conforme pueda cumplir ese compromiso con la provincia. Sí estaría a tiempo de licitar, pero no de adjudicar y emprender, los trabajos que ya en 2011 el entonces ministro de Justicia Francisco Caamaño (PSOE) prometió acometer aquel mismo año y que trece años después siguen sin ejecutar.
Ya en febrero, LA GACETA informó del ajustado calendario al que se enfrentaba la ministra Pilar Llop para cumplir con la palabra dada, algo que medio año después se confirma. Antes de poder emprender la reforma del inmueble de Gran Vía en el que se encuentra la Audiencia es necesario trasladar los órganos judiciales que alberga a las dependencias en las que estarán de forma provisional hasta que concluyan las obras. Las tres plantas del edificio de Torres Villarroel al que se llevarán algunos juzgados y la Fiscalía de Menores aún se encuentran en obras. Aunque el contrato con la adjudicataria se firmó el 22 de diciembre, ya con un retraso de tres meses tras anularse la anterior licitación por un error administrativo, no comenzaron hasta mediados de febrero. Su plazo de ejecución es de seis meses, con lo que ya tendrían que haber llegado a su fin. Lo cierto es que los andamios siguen instalados, los trabajos continúan y de momento a los trabajadores de los juzgados no se les ha comunicado fecha para iniciar su traslado. Fuentes judiciales aseguran que a finales de julio la intención del Ministerio era acabar las obras en septiembre, amueblar e informatizar y trasladas los contenciosos-administrativos y otros órganos en octubre. Sin embargo, preguntado por este periódico, el departamento de Pilar Llop no ha confirmado por ahora si ese es el calendario previsto.
Pero solo con el edificio de Torres Villarroel no basta para emprender la reforma del Palacio de Justicia, también es preciso acondicionar el edifico anexo, situado en Gran Vía 39-41, al que se trasladará la Audiencia Provincial durante las obras. Después de que Justicia rescindiese el contrato para la ejecución de estos trabajos en 2020 por paralizarse completamente durante la pandemia, volvió a iniciar su contratación el pasado febrero. Y exactamente igual que ocurrió con la reforma del inmueble de Torres Villarroel, la Subsecretaria de Justicia tuvo que anular la licitación por un error en la redacción de los pliegos. Esto supuso reiniciar el proceso y un retraso de más mes y medio en la tramitación. Finalmente la reforma, que requiere al menos cinco meses para su ejecución, no se ha adjudicado hasta junio y, de momento, no hay noticias de que haya arrancado. Con todo ello, Llop o su sucesor podrá licitar la reforma del Palacio de Justicia este año, pero no iniciarla porque no tendrá donde reubicar todos los órganos judiciales.
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