La Junta rechaza aplicar el índice de alquiler del Gobierno: «No somos marionetas de Sánchez»

A pesar de no mostrar su oposición a que otras comunidades se decidan a aplicarlo, recuerda que ninguna región ha decidido, por el momento, declarar zonas tensionadas. No obstante, inciden en que la Ley de Vivienda está impugnada ante el Tribunal Constitucional y se muestran convencidos de que «no pasará ese test».

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Sobre el fondo del asunto, la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda mantiene la apuesta por su modelo actual frente a «prácticas intervencionistas que ya han mostrado sobradamente su fracaso». Como ejemplo, resalta el informe del Banco de España publicado en el año 2020 en el que se daban cuenta de los «nefastos efectos» que había tenido en las ciudades europeas en las que se había aplicado. Entre ellas, citan la reducción de las viviendas disponibles, el recorte de los gastos de mantenimiento de los inmuebles, segmentación en el mercado de la vivienda y de la población, según sus condiciones socioeconómicas, y reducción de la movilidad de los trabajadores que no desean perder un arrendamiento inferior al del precio del mercado. «El Gobierno quiere que las comunidades apliquemos una medida que fue usada en parte del siglo XX, se abandonó en los setenta y que quienes la han rescatado no han conseguido resultados».

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Frente a la regulación del mercado, la Junta apuesta por una «política única» de ayudas al alquiler dirigida a que todos los que cumplan los requisitos obtengan ayudas que llegan hasta el 50%, hasta el 60% si son jóvenes, y hasta el 75% si se alquila en el medio rural; una política de aumento del parque público de alquiler con más de un millar de viviendas colaborativas para jóvenes con precios de alquiler asequibles que estarán finalizadas en 2026; una línea de avales para el acceso a la compra de viviendas; y una apuesta por la seguridad en el mercado inmobiliario con medidas que desincentiven la okupación.