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Obras de la zona industrial de Peña Alta, junto a la que se construirá el Puerto Seco, cuya contrato de ejecución ha tenido que licitarse por segunda vez. ALMEIDA
Inversiones por 27 millones, lastradas en Salamanca por el coste de los materiales y la energía

Inversiones por 27 millones, lastradas en Salamanca por el coste de los materiales y la energía

Los contratos públicos que se declararon desiertos por no resultar rentables para las empresas se duplicaron el pasado año | Los fondos paralizados por obras y servicios con presupuestos que se quedaban muy cortos aumentaron un 44%

Sábado, 28 de enero 2023, 23:42

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La escalada de precios de las materias primas y los disparados precios de la energía no solo han encarecido los costes de las obras públicas, también han paralizado o retrasado importantes inversiones en la provincia de Salamanca. Hace ya más de año y medio, en primavera de 2021, que el sector de la construcción comenzó a avisar de que, si la administración pública no comenzaba a actualizar precios, muchos de sus contratos quedarían desiertos. Y así ha sido. Llegó un punto en el que cada semana aumentaban de nuevo los costes de la madera, el hierro o el aluminio, entre otros materiales, y a ello se sumó en 2022 la incontenible subida de la luz, el gas y los carburantes potenciada con la invasión de Ucrania. El resultado han sido obras y servicios públicos por, al menos, 27,8 millones de euros que han retrasado meses su contratación o que se encuentran paralizadas porque ninguna empresa se arriesgó a asumir su ejecución, ya no por miedo a no obtener beneficios, sino por la seguridad de que acabarían incurriendo en perdidas.

En 2022 fueron, al menos, 128 las licitaciones declaradas desiertas en esta provincia al no presentarse ninguna oferta. Tomando como base de información la Plataforma de Contratación del Estado, en la que por ley deben publicarse todos ellos, la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade ha realizado un pormenorizado estudio, uno por uno, de todos los contratos declarados desiertos en España: 7.463 licitaciones por más de 5.300 millones. En esta provincia son casi el doble que en 2021, en el que fueron 69. No solo aumento su número, sino lógicamente también el importe de la inversión paralizada. De 19,2 millones de euros se pasó a casi 28, un 44,6% más.

Fue en mayo de 2021 cuando LA GACETA denunció por primera vez “los primeros retrasos de obra pública por la radical subida de precios de materiales”. Era el caso de la miniciudad deportiva Lazarillo de Tormes, en el barrio de Tejares, que se licitó en 2021 y no se ha conseguido adjudicar hasta hace dos meses. Inicialmente cuatro empresas optaron a este contrato, pero ante la evolución del mercado todas renunciaron. Este solo es un ejemplo de que el problema no comenzó el pasado año, sino mucho antes, por lo que no es descabellado estimar que realmente la inversión que se ha ralentizado asciende a 46 millones.

Pero los sobrecostes de materiales y energéticos no solo han llevado a las empresas a no arriesgarse con obras públicas con presupuestos muy ajustados, sino que, también ha habido compañías que han renunciado a continuar con los proyectos cuando ya habían formalizado el contrato para ejecutarlos, o la administración que se lo adjudicó rescindió el acuerdo tras comprobar que la obra no avanzaba. Estos aumentarían aún más el importe de la inversión prevista en la provincia que se ha estancado en los últimos dos años y que, en obras financiadas con fondos europeos, como las vinculadas a los proyectos Tormes+, el Life Vía de la Plata o al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, corren el riesgo de perderse si no se ejecutan en un plazo determinado.

Durante algunos meses, a las administraciones públicas les resultaba imposible actualizar los presupuestos al mismo ritmo que se elevaban los costes de los materiales. Los empresarios del sector reconocen que no se mantenían ni dos semanas antes de sufrir una nueva subida. Ahora que la escalada de precios parece menor y más lenta, los empresarios insisten que aún hay algunos ayuntamientos y organismos regionales o nacionales que continúan planteando precios desfasados “imposibles de asumir”.

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