El Gobierno tiene un plan para enviar a los mutualistas de Muface a Sacyl en un periodo de nueve meses

El traslado de todos los mutualistas de Muface hacia la sanidad pública -en el caso de Castilla y León, a Sacyl- está más cerca que nunca después de publicarse el plan de actuación que ya tiene previsto el Ministerio de Sanidad.

El departamento que dirige Mónica García ha elaborado un informe analizando la actual situación de bloqueo con Muface -las aseguradoras médicas no aceptan la oferta del Gobierno (un incremento del 17%) y no se han presentado al concurso- y las alternativas que se pueden tomar a partir de ahora, que son solo dos: o aumentar la oferta por encima del 25% para convencer a las aseguradoras o acogerse a la Ley de Contratos del Sector Público para prorrogar el concierto actual durante un periodo de nueve meses. Durante ese periodo se procedería a un traslado escalonado de los pacientes de Muface hacia el sistema nacional de salud.

El informe ministerial recalca que el número de mutualistas que actualmente eligen ser tratados por la sanidad privada no es de 1,5 millones, sino de «poco más de un millón» -11.000 en Salamanca-, por lo que cifran en un 2,12% el incremento de pacientes para la sanidad pública.

A la hora de analizar el impacto que esto supondría para las comunidades autónomas, Sanidad señala que la media de edad de los mutualistas es superior a la de la población general, pero su estado de salud es mejor que el de los no mutualistas de la misma franja de edad.

Para que el SNS pueda absorber a un millón de pacientes, Mónica García planea una «incorporación paulatina estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y asegura prestadora de servicios». Un proceso con varias condiciones. La primera es que «aquellos mutualistas que estén en pleno tratamiento y necesiten continuidad, serían los últimos en ser traspasados».

Por otra parte, se obliga a un «compromiso de espera quirúrgica cero» para que la sanidad privada no le 'regale' cirugías pendientes a la pública. «Los procedimientos que sean indicados por profesionales de las aseguradoras privadas a pacientes de Muface durante los cuatro primeros meses de la prórroga del concierto -de enero a abril- deberán ser realizados por la aseguradora en cuestión». Es decir, no vale indicar que un paciente debe operarse, pero esperar a que lo haga Sacyl. El paciente debería llegar ya operado.

El Ministerio avanza que, lógicamente, el dinero que se están gastando en mantener Muface se lo enviarían a las comunidades autónomas, pero este es otro de los grandes problemas. Según apuntan desde CSIF, el gasto medio de un paciente de Muface le supone al Gobierno cerca de 900 euros, mientras que el gasto medio de un paciente en la sanidad pública depende de cada comunidad. En el caso de Sacyl, el gasto sanitario por ciudadano le supone a la Junta de Castilla y León unos 1.500 euros. ¿Quién se haría cargo de esa notable diferencia?

El informe de Sanidad no oculta esta diferencia y así lo reconoce, como también incluye las diferencias del gasto por copago farmacéutico. Adaptar a los mutualistas al copago de los no mutualistas implicaría una pérdida de ingresos para la Administración de 9,3 millones de euros.

Aunque la decisión no es firme, la intención del Gobierno parece bastante orientada como lo demuestra la afirmación de que «el modelo Muface en la actualidad no es sostenible».

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