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«Es lamentable que se haya llegado a un acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con la prevalencia de la imposición y la amenaza». El presidente de CEOE Cepyme Salamanca, Diego García criticó ayer que el Gobierno solo hubiese contado con los sindicatos para una subida del 5% que sitúa el SMI en 1.134 euros brutos en 14 pagas que se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero.
García lamentó que finalmente las «amenazas» de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se hayan cumplido con una subida superior a la que pedían las organizaciones sindicales. Así, se mostraba «decepcionado» ante una nueva «imposición». «La sociedad en general va a ser la perjudicada, no el empresariado». Porque el representante de CEOE recordó que las empresas «no están en contra» de la subida del SMI, pero sí de que se haga de esta manera sin respetar las mesas de diálogo y negociación.
Ante las consecuencias que pueden tomar estas decisiones, para García supondrá una ralentización de la generación de empleo y lamenta que no se hayan buscado otras fórmulas como la bajada de las cotizaciones sociales empleadas en el SMI.
En la misma línea, se mostró Antonio Rollán, presidente de CES Salamanca, que recordó que el pilar principal de la actividad económica son las empresas. «No entendemos cómo no se puede contar con las empresas para consensuar la subida del salario. Es una aberración total».
A la hora de definir la subida, la calificó de «abusiva» y recordó que en provincias como Salamanca no se tiene en cuenta los «escasos márgenes» de muchas de las pymes. «Creemos que no es el mejor momento con la inestabilidad política que existe, la inflación y no olvidemos una elevada presión fiscal», incidió a la vez que recordó que para generar actividad económica «las empresas deben ser rentables». Por contra, los sindicatos sí se mostraron satisfechos por una subida que en provincias como Salamanca tendrá una repercusión superior al 30% de los convenios, según los cálculos que estima UGT.
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