El presidente de la Audiencia Provincial se despide: “Hay asuntos que con un diálogo entre las partes nunca se habrían judicializado”

Tras 16 años al frente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Ramón González Clavijo se despedirá del cargo a principios del próximo año si no hay más retrasos, siendo sustituido por José Antonio Vega o Teresa Vázquez, los dos candidatos que optan a la plaza.

–¿De qué está más orgulloso en estos 16 años?

–De los pequeños cambios en el día a día. He trabajado mucho por la modificación de las resoluciones y el lenguaje judicial, intentar sentencias más cortas, redactadas de forma más comprensible, sin recurrir tanto al tecnicismo, un propósito que he querido aplicar en la sala al hablar al ciudadano. Y también de abrir la Audiencia, sobre todo en la relación con las facultades, para que los alumnos puedan ver juicios.

–¿Cuál es la espina clavada con la que se va?

–No haber conseguido la accesibilidad del edificio. Pese a las peticiones continuas, el Ministerio siempre se ha escudado en que el edificio se iba a reformar. Pero ahora mismo el inmueble es inaccesible para cualquier persona con discapacidad.

–¿No le da pena dejar el cargo y no ver la reforma de la Audiencia Provincial completada?

–Es cierto. Y mira que nada más llegar a la Audiencia vino personal del Ministerio con planos de reforma. Sería el año 2005 o 2006. Y me voy de la presidencia sin haber visto ni siquiera el inicio de las obras. No obstante, el proyecto actual es todavía mejorable y por eso estamos en contacto con el Ministerio para que el edificio reformado sea más funcional y útil. Por ejemplo, no hay espacio suficiente para trasladar la Audiencia y el resto de órganos mientras duren las obras, a lo que se suma que la reforma prevé algunos espacios demasiado pequeños. Para meter despachos y otras dependencias, la sala de vistas quedaría muy reducida.

–También se han planteado quejas porque el edificio anexo no reúne todos los requisitos.

–Sobre todo por falta espacio. Si fuera para dos o tres años, nos apañaríamos. Pero parece ser que la estancia va a ser superior, y en el anexo no hay espacio para todas las unidades judiciales que han de trasladarse allí. Por eso el Ministerio está buscando espacios alternativos.

–¿Cuál ha sido el cambio más importante experimentado por la justicia?

–El más radical ha sido la informatización con el expediente digital. En estos últimos años se ha ido implantando poco a poco y por eso en el confinamiento la justicia pudo seguir funcionando. Incluso hemos deliberado telemáticamente sin problemas. Aunque es verdad que la digitalización aún arrastra algunos problemas como las caídas del sistema.

–¿La digitalización ha agilizado la justicia?

–No necesariamente, porque también ha aumentado el trabajo y la mayoría de juzgados supera la carga de trabajo recomendada. Sí es verdad que de alguna forma al funcionario se le facilita la labor en algunos trámites. Pero también es verdad que cargar el expediente de forma telemática lleva unos tiempos y a veces hay caídas del sistema o el programa no se adecúa a las necesidades reales.

–La litigiosidad ha aumentado en los últimos años ¿Por qué?

–Hay poca mentalización de las ventajas que tiene la mediación. También puede incidir, y se lo he comentado al Colegio de Abogados, el gran número de licenciados que salen de Derecho y el importante número de colegiados. Eso provoca que se intente tirar del pleito, aunque haya abogados que apuesten por mediar. En la Audiencia nos encontramos asuntos que nunca deberían haberse judicializado si hubiera habido un diálogo sincero entre las partes. Se hubieran evitado año y medio o dos años de tramitación y el estrés para el ciudadano.

–¿Nos falta cultura judicial a los ciudadanos?

–Entra dentro de una falta de cultura en la sociedad de lo que significa la democracia y el estado de derecho. Soy un firme defensor de la asignatura Educación para la Ciudadanía. El ciudadano debería conocer desde los 15 o 16 años los derechos humanos, lo que significa e implica en espíritu la Constitución y también una parte de la labor jurisdiccional.

–¿Las leyes españolas permiten en exceso acudir al juzgado?

–La propia ley articula ya mecanismos para evitar acudir. La ley dice que el juez debe exhortar al acuerdo, que es más que incitar. Pero si a la audiencia previa, las partes no van, solo acuden los abogados, es muy complicado. Sin diálogo entre las partes es más difícil. Y para fomentar un acuerdo, además, los jueces necesitan tiempo que no tienen.

–¿Entiende las críticas de que la justicia tarda demasiado?

–Sí las entiendo. Quien demanda algo debe tener una respuesta en un tiempo razonable. Es comprensible la demanda de los ciudadanos de una justicia más rápida, pero hay que poner los medios, y muchas veces no depende de nosotros.

–¿Y las críticas de los políticos a las sentencias, que hasta hace unos años eran escasas?

–La crítica a la resolución judicial hay que admitirla siempre que sea razonable. El poder judicial es un poder más del Estado. Los jueces solo administramos algo que no es nuestro, que es de todos los ciudadanos. Estaría bueno que los ciudadanos y los medios no pudieran opinar sobre una sentencia como hacen con otras cuestiones, siempre que sea una crítica educada. Esto igualmente se aplica a las críticas de los políticos. Sin embargo, ellos hablan de respeto a la independencia judicial pero cuando les interesa. A veces se hacen críticas despiadas y entrando en cuestiones personales que van más allá del análisis de fondo sobre la resolución, muchas veces sin haberla leído.

–¿La justicia puede aguantar dos años sin renovar el CGPJ?

–Lo que importa es superar el constitucionalismo formal. El poder judicial emana del pueblo, es soberano. Por lo tanto hay que respetar esa voluntad y quien tiene que ponerse de acuerdo para elegir a los representantes del CGPJ es el Congreso y el Senado contando con las mayorías parlamentarias que han elegido los ciudadanos. Cada diputado y senador debe tomar la iniciativa y asumir lo que les exige la Constitución. Por eso es díficil de entender que haya sido imposible renovarlo en estos dos años.

–¿Cómo es posible que a estas alturas el juzgado de Vitigudino no tenga medidas de seguridad?

–Es una queja histórica. Siempre hay algún ciudadano que se cuela en el juzgado, discute con los funcionarios y en un estado de ánimo alterado. Eso puede llevar a situaciones graves como la que ocurrió en Santa María Real de Nieva. Esperemos que las condiciones mejoren en la nueva sede.

–¿Se sigue tratando a los juzgados del medio rural como de segunda?

–La justicia se administra de la misma forma, sea el juzgado que sea. En Salamanca, los titulares de los juzgados de fuera de la ciudad tienen la categoría de magistrado, han ascendido. Y la labor que realiza un juez de primera instancia e instrucción es la misma que realizan sus compañeros de Salamanca.

–¿Es comprensible una demarcación judicial del siglo XIX?

–A lo mejor hay que hacer un reajuste. Ha cambiado el sistema de comunicaciones y puede que no tenga mucho sentido un partido judicial en una zona con escasos habitantes y poca carga de trabajo, y al lado otro partido sobrecargado. Es preferible hacer una agrupación para hacer un reparto por igual. Así también se garantiza un acceso al ciudadano fácil. Es verdad que existe la queja de los alcaldes de municipios que han ido perdiendo servicios, por lo que perder también el juzgado es díficl. Pero hay que tener en cuenta que el ciudadano medio puede tener uno o dos juicios en su vida. Para otras cosas se desplaza más a menudo y no le importa.

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