08 diciembre 2021
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El casco histórico de Salamanca no estará tutelado por el Gobierno central

Iceta ha frenado la Ley que su predecesor había puesto sobre la mesa, para que una nueva comisión controlase los BIC

17 oct 2021 / 13:17 H.
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“Si una ley de patrimonio no es aceptada, querida y sentida como necesaria por el conjunto de las administraciones es una ley que nace muerta, aunque fuera perfectamente legítima desde el punto de vista competencial”. Son las palabras de Miquel Iceta en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. “Por lo tanto, ahí vamos a echar el freno, si se me permite la expresión, y vamos a ver cómo acertamos mejor en el planteamiento y cómo conseguimos un mayor consenso sobre la cuestión”, aseguró el ministro de Cultura para tumbar la Ley de Patrimonio que había puesto sobre la mesa su predecesor en el cargo hasta hace solo tres meses, José Manuel Rodríguez Uribes.

Esta normativa con la que el Gobierno central se reservaba el derecho a vetar cualquier actuación que se fuese a acometer en la Ciudad Vieja de Salamanca como zona declarada Patrimonio Mundial por la Unesco despertó las críticas de varias autonomías y ayuntamientos, especialmente en Andalucía, pero también de la Junta de Castilla y León, al considerarse una invasión de competencias.

Esta ley planteaba la creación de una nueva figura que englobase a todos los monumentos o entornos declarados Patrimonio de la Humanidad, el Bien Cultural de Interés Mundial, en el que se enmarcaría el casco histórico de la capital del Tormes. La intención era que toda decisión que afectase a la zona histórica de Salamanca se adoptase en un patronato de nueva creación que estaría integrado por la Junta, el Ayuntamiento, entidades privadas y el Ministerio, que “dispondría siempre de la mayoría de votos”.

Tras conocer el anteproyecto redactado sin consultar a las autonomías, el director general de Patrimonio de Castilla y León, Gumersindo Bueno, manifestó en una entrevista a LA GACETA que esa propuesta no tenía sentido porque en ese patronato “no habría campo para la discusión, sino que “sería un sitio en el que el Gobierno regional se sentaría para que el Ministerio le dijese lo que tenía que hacer”. En esa línea, defendió que “la figura del Bien Cultural de Interés Mundial no serviría absolutamente para nada”. Por este motivo, la administración autonómica presentó alegaciones a la normativa, porque, si bien cree en la necesidad de actualizar la legislación sobre Patrimonio Histórico, no comparte varios de sus planteamientos. Esas peticiones de la Junta no han obtenido aún respuesta. “No consta contestación por parte del Ministerio a las alegaciones planteadas por este centro directivo y se ha tenido conocimiento sobre la retirada del proyecto a través de la prensa”, aseguran fuentes de la Consejería de Cultura, aunque parece que Iceta ha dejado claro que no va a seguir adelante con la normativa.

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