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El pleno puso punto final con la presentación de las conclusiones de la Comisión de Investigación del Congreso Peace City World y sobre la contratación del exasesor de internacionalización que presentó un título falso y medió para la celebración del encuentro. Para la edil de Ciudadanos, Ana Suárez, la responsabilidad es de quien cometió el delito, “no somos cómplices, somos víctimas”, reivindicó.
El proceso de contratación fue “correcto y aprobado por todos los grupos”, así como la prórroga sin que en este tiempo nadie preguntara por la documentación, afirmó Fernando Rodríguez, edil de Hacienda. “La única irregularidad fue el comportamiento deshonesto del individuo que le costó el contrato, ser apartado del Consistorio y llevado ante la Justicia”, resumió. La oposición rechazó el dictamen, mientras el Grupo Mixto y el PSOE expusieron en sus votos particulares “otra realidad”.
Coincidieron en que el exasesor había desarrollado su actividad sin control durante más de dos años, que no quedaba acreditado que trabajara las 40 horas semanales del contrato y que su trabajo se centró en ofrecer terrenos para los inversores del congreso, además de ofrecer el Puerto Seco, aunque es de gestión pública. “Dijo que tenía una pequeña empresa pero no presentó pagos a la Seguridad Social, por eso tuvo que presentar el título falso”, defendió la edil de Podemos, Carmen Díez.
La socialista María Sánchez añadió que a los 72.334 euros que costó congreso al Ayuntamiento había que añadir “el coste reputacional, los 53.000 de contrato del exasesor y la pérdida de oportunidades por ser el hazmerreír a nivel nacional”. “Parecía de chiste, se la colaron”, remató la edil de IU, Virginia Carrera.
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