«Me cortaron en el cuello con unas tijeras»
Un funcionario de la cárcel de Topas relata dos agresiones brutales sufridas a lo largo de su carrera y denuncia la violencia física y psicológica que soportan, además de la falta de apoyo: «Si matan en la calle, ¿cómo no lo van a hacer en prisión?»
El 27 de mayo de 1997, en el centro penitenciario de Castellón, el funcionario de prisiones desde 1992 I.E.H.— que por seguridad ha preferido no desvelar su nombre—vivió con tan solo 27 años uno de los episodios más graves de su carrera. En un módulo con hasta 180 internos, diez de ellos —acusados de delitos especialmente repudiados por otros presos, como violaciones— se refugiaban en el office, mientras el resto amenazaba con matarlos. I.E.H. se interpuso para evitar una masacre y terminó siendo atacado por ambos grupos.
Durante el forcejeo, dos internos le cortaron en el cuello con unas tijeras. Él se aferró a las tuberías del pasillo para no ser derribado y recibió múltiples patadas y golpes. Solo la llegada de tres compañeros evitó un desenlace aún peor. Las secuelas físicas incluyeron cortes en el cuello, cuatro hernias discales (tres cervicales) y numerosas contusiones.
Lejos de recibir apoyo institucional, el funcionario salmantino fue objeto de un expediente disciplinario por parte de la dirección del centro, bajo la sospecha de haber filtrado la agresión a la prensa. «Me pidieron hasta ocho años de suspensión de empleo y sueldo», lamenta. El proceso, que finalmente quedó en nada, supuso una presión añadida en un momento crítico. Este abandono institucional y el respaldo recibido únicamente por parte de ACAIP-UGT marcaron su decisión de implicarse sindicalmente. En aquel entonces, ni la agresión ni sus consecuencias físicas constaron como baja laboral ni accidente de trabajo. Tampoco recibió ningún tipo de apoyo psicológico.
'Fui atacado por varios internos y tuve que defenderme con una mesa y una silla, que terminaron destrozadas'
Ya en la prisión de Topas, donde trabaja desde 2019, I.E.H. sufrió otra agresión grave durante una riña tumultuaria producida en abril de 2020 en el módulo 11, el más conflictivo del centro. Al intentar mediar, fue atacado por varios internos y tuvo que defenderse con una mesa y una silla, que terminaron destrozadas. Las secuelas físicas volvieron a aparecer, con la necesidad de cortar los guantes de protección tras el incidente.
I.E.H. describe los años 90 como una época especialmente dura en las cárceles españolas. La prevalencia de enfermedades como el SIDA y la hepatitis era altísima —según su testimonio, hasta un 80 % de los internos estaban infectados— y la violencia era cotidiana. Relata episodios tan extremos como recibir una hepatitis por parte de un interno o presenciar una decapitación. «Cortaron la cabeza a un preso y nos tiraron con ella. Si matan en la calle, ¿cómo no van a hacerlo en prisión?», denuncia. La falta de reconocimiento, el abandono institucional y la ausencia de apoyo psicológico tras las agresiones llevaron al profesional a implicarse en la defensa de los derechos de los funcionarios penitenciarios. Su experiencia personal es reflejo de una problemática estructural: la invisibilidad de las agresiones, la falta de protocolos efectivos y la carencia de recursos para la protección y recuperación de los trabajadores. La historia de I.E.H. es la de muchos funcionarios de prisiones en España: profesionales que, pese a las agresiones físicas y psicológicas, la falta de apoyo y el riesgo constante, siguen defendiendo la seguridad y la legalidad dentro de los muros penitenciarios.
Sus vivencias subrayan la necesidad urgente de reformas en materia de prevención, reconocimiento y apoyo a las víctimas dentro del sistema penitenciario.
La falta de personal y la llegada de presos conflictivos dispara la violencia en Topas
En los últimos años, el centro penitenciario de Topas ha experimentado un notable incremento en las agresiones a funcionarios. Según el sindicato ACAIP-UGT, este fenómeno está directamente relacionado con el aumento de la población reclusa, que ha crecido en unos 300 o 400 internos respecto a hace cuatro o cinco años. Buena parte de estos nuevos internos provienen de otros centros penitenciarios y presentan un perfil más agresivo, habiendo participado previamente en incidentes regimentales graves. Además, muchos son regresados de primer grado o internos bajo el artículo 75.1, lo que agrava la conflictividad dentro del centro.
Las agresiones no son solo físicas, sino también verbales, y ambas se han vuelto habituales. Rara es la semana en la que los funcionarios no sufren entre cuatro o cinco agresiones verbales, con amenazas como «te voy a matar» o «te voy a dar una paliza». En cuanto a las agresiones físicas, se produce al menos una cada mes o cada dos meses, llegando a casos graves como el reciente en el que un interno de Algeciras condenado por asesinato propinó tres puñetazos en la cara a un funcionario, rompiéndole las gafas al negarse a compartir celda. Uno de los factores que alimenta la sensación de impunidad entre los internos es la falta de reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Aunque en junio de 2024 se aprobó una reforma legal para otorgarles este estatus, la medida no ha llegado a implementarse por desacuerdos políticos. Esto contrasta con otras profesiones como la de médico o maestro, que sí cuentan con esa protección legal en el desempeño de su trabajo.
El perfil predominante de los internos conflictivos corresponde a personas que han participado en desórdenes en otras cárceles, tienen problemas con otros internos o han agredido previamente a funcionarios. Muchos llegan a la cárcel de Topas con advertencias específicas sobre su peligrosidad y requieren un seguimiento especial. La falta de personal es otro de los grandes problemas del centro. Aunque la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) establece un número determinado de funcionarios, en la práctica muchos de ellos están en segunda actividad al tener más de 57 años (puestos administrativos o sin contacto directo con internos) y siguen computando en la plantilla. Por ejemplo, en el área sanitaria debería haber 10 médicos, pero actualmente solo hay tres, uno de ellos de baja de larga duración. Esta carencia repercute directamente en la gestión de incidentes violentos y en la seguridad tanto de internos como de trabajadores.
El Protocolo PEAFA, que regula las agresiones a funcionarios, se limita a recoger datos estadísticos y no actúa como medida preventiva. Las herramientas coercitivas disponibles, como el uso de esposas (limitado a 30 minutos), el aislamiento provisional o la sujeción mecánica con correas (que requiere supervisión médica constante), son consideradas insuficientes para controlar a internos violentos. Además, la Secretaría General no ha abordado de forma efectiva la actualización de estos protocolos. «Nos sentimos respaldados y amparados por la dirección del centro, pero totalmente abandonados por la Secretaría General», lamentan. ACAIP-UGT reclama: aumento de la plantilla y cobertura real de los puestos vacantes; reforma real y efectiva del PEAFA; dotación de medios de defensa personal adecuados—como un chaleco antipinchazos—; y mejoras en las medidas de seguridad, como inhibidores de comunicaciones para frenar la entrada de móviles y drogas.
