Un 40% más de condenados por violencia sexual en un año

No solo se produjo el pasado año un aumento de las personas declaradas culpables por violencia sexual mediante sentencia firme, sino por todo tipo de delitos. Si no se diferencia en función de la edad, el incremento en la provincia respecto a 2021 fue del 2,7%. Pero lo cierto es que se multiplicaron especialmente entre los menores de edad. El pasado ejercicio fueron condenados 134 jóvenes que aún no habían cumplido los 18 años. Fueron 15 más, un 12,6%, que en el periodo anterior, lo que llevó a marcar un triste nuevo récord, ya que los condenados no habían sido tantos nunca desde que se elabora esta estadística (2013). En ningún caso, los tribunales optaron por el internamiento total, pero en tres de ellos si se estableció un régimen semiabierto que les obliga a permanecer gran parte de la jornada en un centro. Por otra parte, la mitad de los procedimientos impusieron libertad vigilada a los menores, concretamente a 68 de ellos, y a otros seis durante el fin de semana. A 46 de los menores condenados se le impusieron trabajos en servicio a la comunidad y a otros 28 —un 64% más que en 2021— se les prohibió aproximarse o comunicarse con las víctimas.

En el caso de los adultos inscritos en el Registro Central de Penados se ve un progresivo aumento durante la última década, solo roto por el parón registrado en 2020 a causa de la pandemia. El pasado ejercicio se alcanzó un nuevo máximo con 1.542 condenados, un 1,9% más que el año inmediatamente anterior. Solo uno de cada cinco condenados en Salamanca por cualquier tipo de delito es mujer, concretamente 334. Así, el perfil de los declarados culpables por los tribunales de Salamanca es el de un hombre, con una edad comprendida entre los 36 y los 60 años —grupo etario en el que se encuentran el 38,9%— y mayoritariamente de nacionalidad española. Solo un 12,2% serían extranjeros.

Prácticamente todos los adultos condenados en la provincia tuvieron que hacer frente al pago de una multa, mientras que menos de la mitad, concretamente 700, fueron sentenciados a prisión. Y a menos de uno de cada diez (114) se le impuso trabajos en servicios a la comunidad. Se les retiró el permiso de conducir a 306 de los juzgados, y a otros 92 se les quitó la licencia de armas. Los delitos cometidos por dos de los 1.542 condenados en Salamanca durante el pasado ejercicio les llevó a ser expulsados del territorio nacional, una medida que solo se ha adoptado en 32 ocasiones durante la última década, según los datos publicados por el INE.