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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, a las puertas de la Audiencia Provincial de Salamanca. LAYA

Carbayo, en el juicio del 'Peace City': «Cero inversiones para Salamanca»

El alcalde de Salamanca ha sido el primero en declarar en la vista contra José María Fuentes, exasesor del Ayuntamiento que impulsó el proyecto y falsificó su expediente académico y el título universitario exigido para su contrato. La Fiscalía le pide cuatro años de prisión y una indemnización de 135.090 euros

Miércoles, 14 de mayo 2025, 13:00

«Cero retorno y cero inversiones para la ciudad de Salamanca tras tres años de contrato», ha contestado a preguntas de la acusación particular el alcalde Salamanca, Carlos García Carbayo en el juicio contra José María Fuentes, el exasesor del Ayuntamiento y organizador del polémico Congreso 'Peace City'— en el que supuestos inversores árabes iban a convertir a Salamanca en la pequeña Dubai—, que se celebra en la mañana de este miércoles, 14 de mayo, en la Audiencia Provincial de Salamanca.

Por tales motivos, la Fiscalía le pide cuatro años de prisión y una indemnización de 135.090 euros. En la acusación contra el exasesor, se persona la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica, la Universidad de Salamanca, la Fiscalía y el propio Ayuntamiento de Salamanca.

Carbayo ha sido uno de los primeros en llegar a la Audiencia. Lo ha hecho solo. Posteriormente han llegado el concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez y uno de los asesores municipales, un antiguo compañero del exconcejal Fernando Castaño, ambos citados. A mayores se espera que durante la mañana pasen a declarar el exconcejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez, que firmó el contrato y pagaba los ingresos que se le hacían al asesor, la directora de Sociedad de Turismo y Comercio y el exrector, Ricardo Rivero, entre otros.

El primero ha sido Carlos García Carbayo. En su declaración ha manifestado que sí conocía al acusado por trabajar hasta 2023 en el Ayuntamiento de Salamanca, aunque lo conoció mucho después del año 2020, año en el que firmó su contratado: «Se celebró un concurso de licitación para adjudicar un puesto de asesor al que se presentaron unas ocho o nueve personas y empresas, personas físicas y jurídicas, con unos requisitos como en todo pliego de licitación».

En el pliego, según el alcalde, constaba como requisito solvencia técnica, titulaciones y la presentación de acreditaciones universitarias y profesionales como prueba de solvencia. «Dicha titulación se presentó al final del proceso cuando se le iba a adjudicar el contrato de la plaza», ha expresado refiriéndose a Fuentes. Aunque respecto al título físico ha explicado que desconoce si era oficial o una fotocopia debido a que fue «un trámite administrativo». Según Carbayo, Fuentes presentó estar en posesión de una supuesta licenciatura de Economía.

Posteriormente, ha asegurado que tuvo conocimiento de que, al parecer falsificó su expediente académico y el título universitario exigido para su contrato, a través de varias noticias publicadas en medios de comunicación. Por lo que Carbayo decidió presentar una denuncia al Juzgado de Instrucción por falsificar la titulación para resultar adjudicatario de un contrato público como asesor. Así como rescindir del contrato que el Ayuntamiento tenía con el acusado a través de la Sociedad de Promoción y Turismo.

«Fuentes fue contratado como asesor externo e ignoro los detalles de su trabajo, lo que sí sé son los resultados. Cero inversiones para Salamanca. No me consta ninguna inversión conseguida gracias a la labor del asesor y sin solvencia técnica no era posible la contratación«, ha asegurado a preguntas de si el acusado llevó a cabo, o no, su labor.

Por lo que se mantiene la petición del Consistorio de una indemnización de 135.090 euros, el total de las nómicas que recibió el asesor durante sus tres años de ejercicio, unos 47.000 euros al año.

En segundo lugar, ha sido el turno del exconcejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez, que firmó el contrato del acusado. Este también ha insistido que el retorno para la ciudad «a fecha de hoy es inexistente, en el futuro no lo sé»: «Fuentes hizo un estudio y análisis generalizado de los sectores de la ciudad, un catálogo, pero no estuvo en el diseño de los proyectos que hicieron después porque era un asesor, él lanzó unas generalidades que nos sirvieron de base».

A preguntas de qué tipo de contrato se firmó, el exconcejal de Promoción Económica ha contestado que «no era un contrato laboral, sino de servicio para atraer inversión a la ciudad, por lo que no se le pagaba ningún tipo de sueldo»: «Yo tan solo firmé el contrato que me dieron en la Sociedad de Turismo. Me enteré de la realidad por la prensa, sino jamás hubiera firmado», ha declarado.

Hechos y penas a las que se enfrenta

Cabe recordar que la Fiscalía considera que Fuentes, exasesor del Ayuntamiento que impulsó el proyecto 'Peace City' por el que supuestos inversores árabes iban a convertir a Salamanca en la pequeña Dubai, falsificó su expediente académico y el título universitario exigido para su contrato. Él mismo elaboró, según el Ministerio Fiscal, un recibo de pago de tasas para la expedición del título universitario de Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca estampando la firma de la secretaria de la Facultad y lo aportó como justificante de posesión del título. Además, modificó su expediente académico creando él mismo un certificado de asignaturas variando calificaciones suspensas por aprobadas e incluyendo las firmas de la secretaria y del decano de la Facultad de Economía.

Por todo ello, le pide cuatro años de prisión, una multa de7.200 euros e indemnizar al Ayuntamiento de Salamanca con 135.090 euros, la cantidad que habría percibido en nóminas durante los meses que ejerció como asesor para el Ayuntamiento de forma ilícita.

Para la Fiscalía estaría acreditado que los documentos que presentó no reflejan la realidad, «pues fueron creados por el acusado» ante el requerimiento del Consistorio para justificar documentalmente sus méritos y sin los cuales no podría haber sido contratado como asesor.

Por el delito continuado de falsedad documental le reclama una pena de dos años de prisión y una multa de 3.960 euros. Por el delito de estafa, una pena de prisión de dos años y una sanción de 3.240 euros, así como el pago de las costas del proceso. A todo esto se suma que el acusado indemnice 135.090 euros al Consistorio. 47.400 euros por cada uno de los casi tres años que ocupó este cargo.

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