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El número de interrupciones voluntarias del embarazo solicitadas en Salamanca -aunque puede que hayan sido ejecutadas en otra provincia- se ha duplicado durante los últimos años y alcanza un máximo histórico desde que se registran estos datos en Castilla y León.
Durante el pasado 2023 se anotaron 396 interrupciones voluntarias del embarazo solicitadas desde la provincia salmantina, mientras que tres años antes -en 2020- solo fueron 189.
Aunque la pandemia del coronavirus influyó en todos los procesos médicos, la realidad es que la tendencia de abortos era similar en los años anteriores, con solo 175 en 2018, o los 151 de 2017.
El cambio más significativo se ha notado a partir de 2022, cuando se superó por primera vez, y con creces, la barrera de los tres centenares: 392 abortos.
El Ministerio de Sanidad ha publicado toda la estadística sobre interrupciones del embarazo en las distintas comunidades autónomas. Las cifras, que han crecido en todo el país, han motivado al Grupo Parlamentario Vox Castilla y León a presentar una PNL solicitándole a la Junta que cumpla con los acuerdos alcanzados en 2023 «en defensa del derecho fundamental a la vida y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios de Castilla y León».
En su argumentario, Vox destaca algunos de los datos publicados por el Ministerio y que son realmente llamativos. El partido liderado en Castilla y León por García Gallardo recuerda que se ha superado la barrera de los 100.000 abortos en todo el país -un incremento del 4,8% respecto al año anterior- y reconoce que «llaman la atención algunos datos como las 939 mujeres que abortaron por quinta vez, o las 805 mujeres que lo hicieron por sexta vez o más ocasiones». «Es una realidad desoladora que deja un daño muy difícil de reparar».
En concreto, en el ámbito autonómico, casi el 20% de las castellanoleonesas que se sometieron a un aborto el pasado año ya se habían sometido previamente a otra interrupción del embarazo.
Cerca del 5% (146 personas) habían abortados hasta dos veces, previamente. El porcentaje de mujeres que tenían tres interrupciones voluntarias previas cae al 1,16% (36 personas) y la cifra sigue bajando progresivamente: las mujeres que habían abortado cuatro veces antes son 17, las que llevaban cinco abortos son diez, con seis abortos previos hay tres y las que habían pasado por ese proceso hasta en ocho ocasiones son dos.
Ante esta situación, Vox denuncia que el Gobierno pretende crear «una lista negra de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a no participar en operaciones de aborto» y solicita que la Junta de Castilla y León se oponga a una pretensión «absolutamente inaceptable».
El ideario presentado por Vox para reducir el número de abortos en Castilla y León constaba de cuatro puntos, que fueron muy discutidos tras su publicación, hace ya más de un año. El primero era el del acceso de las madres gestantes a un psicólogo clínico de Sacyl. En segundo lugar, implantar el protocolo par que -no está claro si permite u obliga- la madre escuche el latido fetal antes de tomar su decisión. En tercer lugar, se pretendía promover el acceso a la ecografía 4D a las madres gestantes durante el seguimiento del embarazo para que fomentar la conexión con el bebé. Por último, «velar para que se respete el derecho a la objeción de conciencia entre los profesionales que no quieran realizar interrupciones voluntarias del embarazo».
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