Subvenciones y oscuridad
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un organismo impuesto por la UE a los estados miembros que éstos no han recibido con aplausos. ... En España, por ejemplo, el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro hizo todo lo que pudo para ocultar a la AIReF la información que se le pedía, hasta que las autoridades de la UE le pusieron firme y tuvo que entregar los datos solicitados. Y es que Montoro, en lo que se refiere a transparencia, ha dejado mucho que desear. Por ejemplo, nada más llegar al Ministerio con Aznar eliminó todas las publicaciones que venía realizando el Instituto de Estudios Fiscales.
Pues bien, la semana que acaba hoy, la AIReF ha publicado un estudio-evaluación sobre las subvenciones públicas y en él se comprueba lo que muchos nos temíamos: las subvenciones en España son un pozo de opacidad, y no estamos hablando del chocolate del loro pues en 2017 se repartieron 14.300 millones de euros y la mayor parte de ese dinero salió de las Comunidades Autónomas (9.700 millones). Además, el peso de las subvenciones en España es un 20% más alto que la media de la UE.
Para coordinar esa enorme cantidad de gasto público existen conferencias sectoriales, instrumentos pensados para coordinar la regulación de las grandes líneas de subvenciones que afectan a competencias autonómicas. Entre sus funciones tienen asignadas la de ser informadas sobre los anteproyectos de leyes o reglamentos con impacto en el sector de las subvenciones, establecer planes de cooperación entre comunidades autónomas, etc., etc.
Pero son papel mojado porque existe un importante número de conferencias sectoriales sin actividad y aquellas que están activas se reúnen tan solo una o dos veces al año.
El estudio que aquí se comenta hace una propuesta pidiendo al legislador una nueva ley de subvenciones. Leyendo esa propuesta se detectan las carencias actuales: falta de claridad en “el ámbito subjetivo”, es decir, que se da mucho dinero a los amiguetes políticos. Por eso la propuesta pide reforzar la vinculación a un fin de interés público. Exigencia de mayor detalle en la justificación del importe y la actividad de los beneficiarios de estas subvenciones. Rendición de cuentas de las subvenciones nominativas (el 80% de las subvenciones a ONG‘s para el desarrollo se gasta en los sueldos del personal a su servicio). Registros de beneficiarios. Revisión de la publicidad de las convocatorias y de los plazos de solicitud...
A ver si hay suerte, se hace una nueva Ley de Subvenciones y a lo mejor acabamos sabiendo cuánto dinero sale de nuestros bolsillos y va a parar, por ejemplo, a las ONG’s “contra la violencia de género”.
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