Peligro: familia numerosa

En estos tiempos en los que la sensatez y la coherencia cotizan a la baja, cualquier disparate es rebotado por las redes sociales, viralizado y convertido en dogma. Así ha ocurrido con el mantra de que todo aquel que no sea pobre debe renunciar a cualquier subvención. La izquierda caviar considera un escándalo que los presuntamente ricos se beneficien de los presupuestos del Estado, siempre y cuando sean del PP, porque los socialistas y podemitas están legitimados para mamar de la teta pública sin límite ni justificación.

La podemita García tiró la piedra y le rebotó en toda la cocorota, porque resulta que también ella está disfrutando de una rebaja en la factura de la luz por ser familia numerosa. Tras exigir la renuncia de Ossorio, la discípula de Pablo Iglesias debería haberse aplicado el cuento dimitiendo de inmediato. No lo ha hecho, sino que ha logrado que Pedro Sánchez rectifique por enésima vez y ponga un tope de 1.700 euros mensuales a los beneficiarios del bono social, así tengan tres hijos o siete.

La tontería del circo montado por la podemía y el sanchismo va a provocar que cerca de dos mil familias numerosas en Salamanca vean cómo se dispara su gasto energético en los próximos meses. Así, una pareja con cuatro niños que ingrese más de 25.000 euros anuales es considera ‘rica’ según el nuevo baremo gubernamental, y por tanto tiene que apañárselas como pueda para llegar a fin de mes. Eso sí, Mónica García que cobra 55.000 euros de la Comunidad de Madrid, a lo que hay que sumar el pastón que gana su marido como directivo que una empresa que factura 269 millones de euros al año, seguirá siendo considera pobre y necesitada, por pertenecer a las élites pijiprogres. Son otra raza, sin duda.

Ossorio se beneficiaba del bono social de forma justa y legal, porque así lo marca el Real Decreto que lo desarrolla. No se trata de una ayuda para los más desfavorecidos, como han dado a entender los promotores del escándalo, sino de un apoyo a las familias numerosas ante una crisis demográfica brutal. Así lo planteó el Gobierno sanchista, que no puso límite de ingresos para el descuento. Para las rentas más bajas existen otros muchos beneficios a los que el señor Ossorio no tiene acceso, aunque como padre de una prole numerosa tenga rebajas en el transporte y en la matrícula de la universidad, deducciones en la declaración de la renta o descuentos en las tasas por renovar el DNI o el pasaporte.

En nuestro país hay ventajas de todo tipo que no distinguen niveles de renta: el club de los sesenta y los medicamentos más baratos para los jubilados, sean ricos o pobres, los 400 euros del bono cultural para los jóvenes sean reyes o mendigos, y los 9.000 euros para comprar un coche eléctrico, así seas Amancio Ortega o el último trabajador de Zara. Siguiendo la moral hipócrita del progresismo, cualquier miembro de una familia que ingrese más de 25.000 euros anuales debería renunciar a todo tipo de ayudas, pero nadie lo hace. Ni Mónica García, ni mucho menos su jefe Iglesias, el dueño del casoplón de Galapagar.

Esa es la realidad, pero en esta España del disparate la realidad no le importa a casi nadie. Desde luego, a ninguno de los veintitantos figurantes que ocupan ministerios en el Ejecutivo de la nación. Del dinero del Estado solo pueden beneficiarse ellos y quienes les votan. A los demás, ni agua.