02 julio 2022
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Peligro de involución

07 abr 2022 / 03:00 H.

    Ha costado más tiempo del previsto, pero al final ya tenemos fechas para la formación de gobierno en Castilla y León. Al final van a ser cuatro meses con una Junta en funciones, un tiempo excesivo a todas luces, y más cuando la Comunidad, como el resto de España y de Europa, atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas.

    Tampoco hay que hacer un drama de este retraso, porque, en contra de lo que dicen algunos señalados dirigentes del PSOE, la condición de provisional no ha hecho que la Junta dejara de atender los servicios esenciales que le corresponden (sanidad, enseñanza, servicios sociales...) ni tampoco se han perdido fondos europeos, entre otros motivos, porque el dinero que debería llegar de Bruselas dicen que sí, que existe, pero nadie lo ha visto. Los grandes asuntos que nos tienen amargados en las últimas semanas, el disparatado coste de la energía, los problemas con los suministros y el transporte, la llegada de refugiados o el apoyo a Ucrania contra el invasor ruso, dependen del Gobierno de Pedro Sánchez y el de Alfonso Fernández Mañueco solo puede echar una mano cuando a Su Sanchidad se le ocurre adoptar alguna medida, que suele ser casi siempre tarde, mal y nunca.

    El caso es que PP y Vox han perdido un valioso tiempo mareando la perdiz, intercambiando cromos y repartiéndose puestos y competencias, para llegar al final a poco más de lo que ya habían firmado ambos partidos cuando llegaron al pacto de Gobierno allá por el 10 de marzo pasado. Aparte del interés de los de Santiago Abascal por retrasar la investidura para poder invitar al acto a Alberto Núñez Feijóo ya como presidente del PP (no porque le tengan un especial aprecio, sino por ver si se retrata), uno de los escollos de los últimos días de negociación era el empeño de los verdes por darle contenido a esa inocua vicepresidencia concedida a Juan García-Gallardo. Por lo visto han estado buscando competencias residuales por todos los rincones para entretener al cabeza de lista de Vox. Gallardo aspiraba a presidir la Comisión de Subsecretarios (órgano interno pero de mucho poder, porque todos los proyectos que luego van a Consejo de Gobierno pasan por allí) y a controlar la Dirección de Comunicación, pero Mañueco le ha dado con ambas puertas en las narices. El presidente popular ya cometió el error de dejar la portavocía en manos de Francisco Igea la pasada legislatura, y se arrepintió unas cien o doscientas veces. Así que al nuevo vicepresidente le han reservado unas cuantas competencias “de las de secarral”, que lucen menos que las bombillas de 25, a saber: participación en la comisión de seguimiento de las campañas de publicidad institucional y presencia, que no presidencia, en las reuniones de la Comisión de Secretarios, la presidencia (esta sí) de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y la de Simplificación Administrativa, amén de ser representante de la Junta en el Conejo Consultivo y ante el Procurador del Común (dos organismos no ejecutivos), suplente en el Comité de las Regiones de Europa y Comisionado de las Víctimas del Terrorismo. Es decir, que a García-Gallardo le veremos mucho en muchos frentes, pero mandar, mandar, lo que se dice mandar, mandará muy poco.

    El otro fleco relevante era la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que finalmente tendrá que estar aprobada antes de agosto, con el anexo de la tramitación de una normativa en materia de concordia, que sería una manera suave de arrinconar la Ley de Memoria Histórica, que tantos escozores provoca a los de Vox. En ambos casos habrá que esperar a conocer los textos para comprobar si, como apuntaba ayer un dirigente de CCOO, estamos ante la aplicación de las normas del “santuario machista” o si finalmente no hay “riesgo de involución”. Mañueco no ha cedido demasiado hasta ahora, pero peligro hay, desde luego.

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