Patada hacia adelante

La propuesta pactada por el PSOE, Podemos, UGT y CCOO parte de la convicción de que los españoles sufrimos una grave incapacidad matemática, es decir, están convencidos de que no sabemos sumar. La operación que desmonta esa falacia es tan simple como lo siguiente: si la Seguridad Social está quebrada porque la diferencia entre los ingresos y gastos se ha disparado hasta la astronómica cifra de 77.000 millones de euros al año, es imposible que las cuentas se arreglen dejando los gastos como están, o incluso empeorándolos un poco, y confiando en una hipotética y casi nunca realizable subida de ingresos.

En la actualidad el cálculo de la pensión que cobrará un trabajador cuando se jubile se elabora con la referencia de su sueldo durante los últimos veinticinco años. Pues bien, lo que el ministro José Luis Escrivá plantea es que los futuros pensionistas puedan elegir entre esa opción o los últimos veintinueve años quitando los dos peores. Solamente se podría rebajar la cuantía de las pensiones si surge algún tonto que elija la segunda vía siendo perjudicial para él. En caso contrario, con toda lógica, lo único que puede ocurrir es que el gasto se incremente porque alguno habrá que se beneficie de la segunda alternativa. Además, la reforma asegura que las pensiones se revalorizarán cada año con el IPC, así que no habrá ahorro alguno por ese lado.

En su día el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretendía elevar el periodo de referencia a 30 años, lo cual hubiera rebajado de forma importante las cantidades a pagar en los próximos años, pero teniendo como tiene el Gobierno un ala comunista, al final se ha optado por dejarlo como está y darle un bocado a los salarios más altos (a partir de 4.200 euros) que cotizarán un poco más cuando entre en vigor la reforma allá por 2026, y por sangrar también a los autónomos con las nuevas tablas, con la excusa de tomar la como referencia sus ingresos reales.

Serán los trabajadores más cualificados, los autónomos y las empresas los que acabarán pagando el pato, mientras el Ejecutivo sanchista mantiene intacto el gasto disparatado en aparato administrativo, subvenciones, propaganda, asesores y organismos inútiles.

Hubo un tiempo feliz cuando el Estado disponía de una jugosa ‘hucha de las pensiones’, que llegó a los 67.000 millones de euros justo antes de que estallara la crisis de 2008. Ahora en la hucha no quedan ni las telarañas.

En Salamanca hay 77.000 pensionistas que representan el veinte por ciento de la población de la provincia y que por el momento tienen la paga asegurada. El problema lo tendrán los que vienen detrás, porque todos los augurios ofrecen tintes más bien negros. La deuda del Estado ha escalado a niveles estratosféricos, por encima de los 1,5 billones de euros. Con un déficit público estructural, la carga recaerá sobre los hombros de las próximas generaciones. Eso, por supuesto, le importa un bledo a Pedro Sánchez y sus compañeros de Gobierno, que siguen gastando sin tino ni mesura. De austeridad y de eficiencia, aquí ni se habla. Arreglar el agujero de las pensiones supondría para socialistas y comunistas una sangría de votos que quieren evitar a toda costa. Así que, patada hacia adelante, y el que venga detrás, que arree.