Otro lío en la Junta

Desde su llegada a la vicepresidencia Juan García-Gallardo actúa como si hubiera ganado las elecciones de febrero pasado y Alfonso Fernández Mañueco no sabe, no quiere o no puede hacerle entender que el vencedor fue el PP y que por tanto el programa de máximos de Vox no puede ser aplicado como si disfrutara de mayoría absoluta.

El vicepresidente ‘verde’ es un consumado especialista en meterse en todos los charcos y en esta ocasión no ha desperdiciado la oportunidad de provocar al PP con el anuncio de que será obligatorio para los médicos ofrecer atención psicológica, una radiografía 4D y escuchar el latido del feto a las embarazadas que quieran abortar. Y eso a partir de la sexta semana de embarazo y no de la decimosegunda, como ocurre ahora. Esa propuesta implica un cambio en el protocolo que después ha sido negado por el presidente Mañueco y por la Consejería de Sanidad, de manera que ahora mismo no sabemos a ciencia cierta qué medidas se aplicarán a partir de mañana lunes en las consultas ginecológicas de Castilla y León.

La reacción más contundente contra el anuncio de García-Gallardo ha llegado de la sede nacional del PP, cuyos dirigentes no quieren saber nada de una supuesta bandera antiabortista desplegada por sus socios en esta Comunidad. Alberto Núñez Feijóo sabe que en ese frente no puede ganar votos sino al contrario: puede convertirse en un reclamo para fomentar la participación de la izquierda radical.

Mañueco intentó ayer salir al paso de la polémica dejando claro que los únicos cambios en el protocolo se producirán solamente a petición de las mujeres y con el aval de los profesionales de la medicina, que es lo contrario de lo proclamado dos días antes por García-Gallardo.

En el fondo de esta controversia está el programa antiabortista de Vox, que está en su derecho de defender sus principios pero no de aplicarlos si vulneran la actual legislación vigente, que por cierto fue aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy aceptó en sus términos generales, añadiendo solamente la obligatoriedad del permiso paterno para las menores de edad.

A falta de conocer los matices, no está claro que las medidas propuestas por los verdes, supuestamente pactadas con los populares, contravengan la ley, pero sí crean un problema de conciencia a los sanitarios encargados de ofrecer y realizar las pruebas a las embarazadas en unos tiempos en los que pueden suponer riesgo para el feto.

En todo caso, la polémica abre una nueva brecha entre PP y Vox, tanto en Castilla y León como a nivel nacional, y sirve de combustible para inflamar los discursos de un Gobierno sanchista que necesita este tipo de conflictos para recuperar terreno en las encuestas.

Para eso va a servir la iniciativa de García-Gallardo y no para fomentar la natalidad, como se pretendía. Porque la mejor política de natalidad es crear riqueza y empleo en Castilla y León para que los jóvenes no sigan emigrando a miles cada año en busca de un futuro mejor. En eso deberían estar los dirigentes de Vox. Y los del PP, por supuesto.