Normalidad

“Espero que esta sea la penúltima foto con mascarilla”, comentó ayer Rivero en el acto de toma de posesión, que no fue tan multitudinario como al rector le hubiera gustado, y se mostró confiado en que este mismo año ya se pueda dar por superada la pandemia. Todo parece indicar que será así. Por cierto, la Universidad de Salamanca incluso ha recuperado su tradicional café en las sesiones del Consejo de Gobierno, una sana costumbre que refleja la vuelta a la vida que llevábamos antes de marzo de 2020.

Pero marzo va a quedar marcado para siempre por ser ese fatídico mes en el que un coronavirus, un término que hasta entonces no formaba parte del vocabulario de la mayoría de los mortales, se expandió por todo el mundo, ricos y pobres, nadie se libró de un virus que demostró lo vulnerable que es el ser humano, pero también se su capacidad para sobreponerse y superar todas sus expectativas. ¿Quién imaginaba que en diciembre de 2020 ya se iba a estar vacunando a la población española y a estas alturas, dos años después, incluso los niños tendrían la pauta completa? La pandemia ha demostrado la importancia de la ciencia, la necesidad de invertir en investigación y de valorar a los investigadores.

Parece que Diana Morant, ministra de Ciencia, quiere dar un paso en este sentido con su nueva ley, pero se ha encontrado con un escollo: la descoordinación de los ministros de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos. Por un lado se está tramitando la Ley de Ciencia, por el otro se está elaborando la Ley de Universidades y en medio el Gobierno ha aprobado la reforma laboral, un acuerdo que pone contra las cuerdas a las universidades que se quedan sin la figura que hasta ahora habían utilizado para contratar a los técnicos e investigadores asociados a proyectos de investigación. Hasta que entre en vigor la Ley de la Ciencia, cuestión para la que quedan meses, las instituciones académicas no tienen una figura contractual que se adapte a sus peculiaridades. Hace más de un mes que dieron la voz de alarma y aún no está clara la solución.

Que el colectivo dedicado a la ciencia merece mejores condiciones laborales, nadie lo pone en duda, pero la descoordinación del Gobierno va a provocar todo lo contrario, así como un agujero a las universidades, pues el cambio tendrá, además, importantes costes adicionales, puesto que las instituciones académicas deberán asumir la indemnización que supone rescindir los contratos actuales de todo el colectivo con contratos por obra y servicio para pasar a contratación indefinida.

“Necesitamos una solución ‘ad hoc’”, reclamó el rector al ministro de Universidades, Joan Subirats, en su reciente visita a Salamanca. No tengo muy claro que el nuevo ministro vaya a hacerle caso, no me inspira ninguna confianza un ministro que no convoca a los medios de comunicación cuando visita una institución académica como la de Salamanca, la más antigua del país, y que, además, al ser preguntado por las quejas que han manifestado estudiantes y rectores por la Ley de Convivencia se hace el sorprendido como si fuera la primera noticia al respecto. Ojalá me equivoque, pronto veremos cuál es su actitud, pues antes del verano se ha comprometido a presentar su reforma del proyecto de la Ley de Universidades que llevó a cabo su predecesor en el cargo, Manuel Castells. Una muestra más de que la vida vuelve a la normalidad, los desplantes ministeriales y los oídos sordos de nuestros políticos no han cambiado con la pandemia.