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La lucha contra la corrupción representa un reto que pone a prueba la solidez del sistema. El corrupto abusa del poder que ostenta, dejando de servir con objetividad a los intereses generales en beneficio de los particulares, sean estos propios o ajenos. Que sea el mismo Estado el que deba hacer frente a esta lacra constituye un riesgo que sólo se conjura en el marco de un modelo institucional que sea lo bastante sólido. Dicho de otro modo: si el Estado debe protegerse a sí mismo de la corrupción, será necesario que el sistema de pesos y contrapesos impida que pueda construir leyes destinadas a eludir responsabilidades en este terreno.

La malversación es corrupción. Naciones Unidas la incluye entre las figuras delictivas propias de esta categoría. En España, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encarga a la Fiscalía contra la corrupción –no a otra– que actúe en los procesos de especial trascendencia por este delito. Según el Código Penal, comete malversación quien se apropia indebidamente o administra deslealmente el patrimonio público, no importando que el malversador actúe para financiar una sedición o para enriquecerse. Según el Tribunal Supremo, el castigo en estos casos no persigue reprimir la avaricia de funcionarios y autoridades, sino evitar que se produzcan ataques tanto al patrimonio público como al correcto destino de los recursos del Estado.

Hoy, Día Mundial contra la Corrupción, los políticos abusarán de nuestra frágil memoria dándonos lecciones de integridad. Usando el mismo argumento que empleó Ruiz Gallardón en 2014, el presidente defiende que no son corruptos quienes malversan sin ánimo de obtener una ventaja personal. Los datos revelan que la afición a indultar malversadores se ha repartido bien a lo largo del tiempo: González, 31; Aznar, 90; Zapatero, 47; Rajoy, 4. De Sánchez dependieron los cuatro últimos perdones: Bassa, Junqueras, Romeva y Turull. Pero no sólo de números vive el humano. ¿Alguien recuerda los sucesivos indultos al popular Hormaechea, declarado prevaricador y malversador por hechos cometidos como presidente de Cantabria? Fueron concedidos por González y Zapatero.

La ciudadanía ya sabe qué es la retroactividad favorable. Procès aparte, la previsible reforma de la malversación nos ayudará a conocer nuevos ejemplos: ERE, Gurtel, Púnica, Lezo, Noos, Villarejo... Esto promete.

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