Borrar

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

No es fácil entender cuáles han sido los motivos por los que Alfonso Fernández Mañueco ha retrasado tanto la celebración del congreso del PP de Salamanca hasta llegar al bochornoso punto en que un juzgado le obligue a convocarlo. El miedo a los díscolos, que caben en un taxi, tenía sentido cuando estaban apoyados por el ‘dúo dinámico’ de Génova, Casado y García Egea, pero han pasado nueve meses desde que ambos fueron despedidos sin honores de la dirección nacional y al final se ha llegado a una situación harto embarazosa, de la manera más tonta.

Ahora es cuestión de reunir cuanto antes a los militantes, elegir una directiva provincial acorde con la sensibilidad de la presidencia regional, para lo cual Mañueco no va a tener ningún problema, e invitar de paso a los desleales a afiliarse a otros partidos, para lo cual solo hace falta un poco más cuajo del que se ha mostrado hasta el momento.

Momentos bochornosos que Castilla y León sigue disfrutando gracias a las tajantes medidas adoptadas por los consejeros de Vox en el Gobierno regional. La penúltima ha sido la supresión del servicio de mediación de empleo, el Serla, que los verdes han arrancado de raíz, siguiendo su estilo rompedor. Los capitaneados por Juan García-Gallardo tienen la malsana costumbre de destruir lo que no les gusta y después anunciar que buscarán una alternativa. Ya lo hicieron con el Fácyl en Salamanca, y parece que esa estrategia aniquiladora es marca de la casa.

Con el Serla el conflicto ha llegado al Gobierno central en su parte comunista y ayer la vicepresidenta Díaz llegó a Valladolid para anunciar que acudirá a los tribunales si Castilla y León no recupera el servicio. En esto de la amenaza y el recurso a la justicia el Ejecutivo socialcomunista tiene el gatillo fácil, sobre todo cuando enfrente tiene a Vox, porque cuando quienes se saltan las leyes y normas constitucionales son sus amigos golpistas y separatistas, hace la vista gorda.

El asunto le vino de maravillas a la vice Yolanda Díaz que viajó a la Comunidad a hacerse la foto con los sindicatos y la patronal de Castilla y León, y además pudo regalarles los oídos defendiendo el Serla que todos ellos apoyan. Mañueco habrá tomado nota, aunque ayer se limitó a apuntar que no admite “insultos ni amenazas” de los ministros sanchistas en misión de turismo electoral.

El cierre de las puertas del servicio de mediación extrajudicial constituye un paso más de Vox hacia la destrucción del Diálogo Social, esa entente entre la Junta, los empresarios y los sindicatos que desde hace décadas constituye una enseña de Castilla y León. La reducción a la mitad del presupuesto destinado a los dos ‘interlocutores sociales’ fue el primer golpe y ahora se suma la eliminación del Serla, con lo que Vox ha conseguido dinamitar el consenso y encabritar a todos.

Desde luego, el Diálogo Social que pactó Juan Vicente Herrera en 2007 era manifiestamente mejorable. La Junta entregaba decenas de millones de euros a patronal y sindicatos para funcionamiento, formación y otras mandangas, y así conseguía una paz que a los castellanos y leoneses nos salía bastante cara. Porque empresarios y sindicalistas no son los más preparados para impartir cursos a los parados y casi siempre los desviaban hacia academias ‘amigas’ en un proceso mal controlado que a menudo desembocaba en casos de corrupción.

Pero para cambiar el sistema primero hay que construir una alternativa. Los de Vox deberían mirar al Hospital de Salamanca: primero se construye el nuevo y después se mete la pala en el viejo. Y se le da un manguerazo de agua para que el polvo no moleste.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios