23 julio 2019
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Igualdad y ley

07 abr 2019 / 03:00 H.

En la provincia de Cuenca vivía una señora llamada María Sevilla con dos hijos (un chico de 11 años y una chica de 6 años) a los cuales tenía encerrados y sometidos a un trato auténticamente animal. Cuando la semana pasada los guardias entraron en la casa para liberar al chico este se puso de rodillas para oler los zapatos de los policías, como hubiera hecho cualquier perrillo.

Pues bien, esta señora había creado una ONG llamada Infancia Libre, y para “liberar” a su hijo denunció al padre del chaval acusándole de “abusar del niño”... y claro, como “las mujeres nunca mienten” (Carmen Calvo dixit), el padre tardó dos años en quitarse el mochuelo de maltratador, hasta que un juez le dio la custodia del chico. Fue entonces cuando María Sevilla secuestró al muchacho y lo escondió en una urbanización llamada Casalonga, a siete kilómetros de Villar de Cañas (Cuenca). La niña de 6 años la tuvo con su actual pareja, José Antonio Cantos, evangelista como ella. Fue él quien tomó la iniciativa de no escolarizar a los chavales.

En marzo de 2017, a invitación de Podemos esta infame mujer compareció en la Comisión de Derechos de la Infancia, lo cual muestra una vez más que el izquierdismo radical es más creyente que racional y también es capaz de comulgar con ruedas de molino. Todo esto merece un comentario pesimista: en España la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia son atacadas con gran convicción y fuerza desde los partidos, que exigen a sus adversarios políticos la renuncia al cargo por el simple hecho de ser investigados por un juez a impulso de cualquier denuncia.

Para los defensores de estas prácticas “limpiadoras” la presunción de inocencia es cosa del pasado. Y es que hay en España muchos políticos “puros” que practican esa limpieza que consiste en “tirar el agua sucia de la tina con el niño dentro”. También las feministas radicales (calladas como puertas en este asunto de María Sevilla y en otros muchos casos) son partidarias de incitar a las mujeres a que denuncien a sus parejas. Y como en España las denuncias falsas no se persiguen, todo vale contra los varones, pues ya se sabe que son unos maltratadores (de facto o en potencia).

Para evitar estos dislates bastaría con que se respetaran los derechos que consagra la Constitución, y no estaría mal tener aquí una ley como la que existe en el Reino Unido, según la cual se condena al falso denunciante a la mitad de la pena que le tocaría al denunciado en caso de probarse el delito.