El reto de la vivienda

Casi a la misma hora en la que un grupo de unas doscientas personas recorría el centro de Salamanca para exigir «a la mitad» la bajada del precio de los alquileres, Pedro Sánchez anunciaba en Sevilla la creación de una «gran» empresa pública de vivienda.

No, no estaban conectados. Es más, entre sus muchos eslóganes, los jóvenes convocados por un colectivo denominado Asamblea de Inquilinas gritaron: «Gobierno progresista, cómplice y rentista». Es decir, el ratificado secretario general del PSOE se les queda un poco a la derecha.

Tenía razón la chavalería en que los alquileres están por las nubes en Salamanca. Y el precio de la vivienda también. Siempre me sorprendió que una ciudad como esta, sin apenas industria y con sueldos muy por debajo de la media española, estuviera en los puestos de cabeza del ranking de capitales de provincia con el precio de los pisos y de los alquileres más elevados. Aunque los pisos turísticos han ido creciendo por estos lares, el verdadero motivo de esta situación hay que encontrarlo en la cantidad de universitarios que vienen a estudiar aquí. A falta de fábricas, muchos han encontrado en el alquiler de pisos a estudiantes su «modus vivendi», un negocio tan digno como cualquier otro. Y el mercado va marcando los precios.

¿Cuál es el gran problema? Que el joven que quiere emanciparse en Salamanca lo tiene crudo. Somos la segunda provincia de la Región en la que más parte del salario va a parar a los bolsillos del casero. Los jóvenes que luchan por abandonar el hogar familiar destinan dos de cada tres euros que ganan a pagar un alquiler, según el Observatorio de Emancipación Juvenil de Castilla y León. Y, aunque resulte más rentable plantearse la compra de un inmueble, con los salarios actuales apenas pueden ahorrar para poder hacer frente a la entrada de la casa, que suele rondar el veinte por ciento de su valor. Y se forma un círculo vicioso del que es muy difícil salir.

Habría que recordar a nuestra clase política que la vivienda es un derecho, que como tal viene recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Y no solo eso. Debe ser una vivienda «digna y adecuada».

En la «manifa» del domingo también se escucharon consignas del tipo «un desalojo, una okupación», gritos que hicieron torcer el gesto -con razón- a más de uno de los viandantes que se toparon con la marcha. Es lo que tiene la juventud, que cuando se le aprieta cae con facilidad en planteamientos radicales como la huelga de alquileres con la que amenazan si no se escuchan sus demandas.

Dejando a un lado estas «pasadas de frenada», lo cierto es que en las últimas cuatro décadas, los pisos de precio protegido han pasado en España de ser el sesenta por ciento de los nuevos inmuebles al veinte por ciento y ahora representan apenas un tres por ciento del total. Desde la crisis del 2008, la construcción ha caído de forma drástica, lo cual ha desembocado en una escalada de precios tanto en la venta como en el alquiler.

No creo que la solución a este problema sea esa empresa de vivienda pública con la que el Gobierno pretende construir y gestionar pisos desde la Administración General del Estado. Habrá que recordarle a Sánchez que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y que, con su actitud polarizadora, va a resultar muy complicado alcanzar los consensos necesarios para empujar todos a una en la superación de este drama. Se lo recordaba ayer el consejero Suárez-Quiñones. Sin un verdadero pacto de Estado, será difícil encontrar un buen remedio.