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En apenas una semana de septiembre hemos comprobado que afortunadamente algo está cambiando en Castilla y León. Y, por qué no decirlo, para bien.
El miércoles pasado veíamos cómo el Pleno de las Cortes de Castilla y León rechazaba la proposición de ley de Concordia que habían registrado de forma conjunta PP y Vox en abril. Eran otros tiempos, una época en la que el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, gobernaba lastrado por las ocurrencias de su socio de gobierno, encarnado en su vicepresidente Juan García-Gallardo. Y esta era una de ellas. Ahora, una vez libres del yugo de los de Abascal, los populares tumbaron, junto al PSOE, UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto, una norma que lo último que buscaba precisamente era eso, la concordia.
Podemos criticar que la excusa para darle la patada a la proposición de Ley que esgrimió el procurador popular Óscar Reguera era de lo más peregrina. Que las razones de «oportunidad, prioridad y prudencia» que adujo eran un cuento para salir del mal trago. Que Mañueco tendría que haber aguantado el tirón y no ausentarse del hemiciclo durante el debate. La realidad es que al menos no saldrá adelante una ley que no reconocía que el régimen de Franco era una dictadura. Y, sobre todo, que los políticos no van a andar perdiendo el tiempo en asuntos ya superados. El año que viene se cumplirán 50 años ya de la muerte del dictador.
Y sólo dos días después nos frotamos los ojos al ver juntando las manos a Alfonso Fernández Mañueco con el secretario regional de UGT Castilla y León, Faustino Temprano; su homólogo de CCOO, Vicente Andrés; y el presidente de la CEOE en la región, Santiago Aparicio. Tras una larga travesía por el desierto que había impuesto Vox, por fin se retomaba el Diálogo Social, una herramienta de concertación que surgió de una ley aprobada por unanimidad en las Cortes. No lo olvidemos.
Y así, daba gusto constatar que los cuatro renovaron otros tantos acuerdos sobre vivienda, educación, dependencia y transición, que van a mover casi mil millones de euros en la comunidad autónoma. Representantes de las instituciones de Castilla y León trabajando unidos por el bienestar de sus ciudadanos sin importar la ideología. Yes, we can.
Bien es cierto que estos pactos se han llevado a cabo con las consejerías que hasta la «espantá» de Vox estaban gestionadas por los populares. Pero todo apunta a que, antes de fin de año, se pongan en marcha las mesas de negociación de otros cinco asuntos, que son los que han tenido más conflicto porque afectaban a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en manos hasta hace nada de Mariano Veganzones, ex de Vox.
El portazo del PP a la ley de Concordia como el hecho de retomar el curso natural del Diálogo Social demuestran que entramos en una nueva era en Castilla y León, aunque finalmente Mañueco no consiga aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025.
Liberado de sus ataduras con Vox, el presidente regional quiere volver a la senda del gobierno que caracterizó la anterior legislatura, en el que -guste más o menos sus resultados- el diálogo siempre estuvo presente. Y eso es bueno.
En la otra orilla, en la del inoperante PSOE regional, no ha cambiado nada. Solo hay que ver que su secretario general en Castilla y León, Luis Tudanca, acaba de avalar a Pedro Sánchez en su carrera para ser reelegido mandamás del partido. No lo va a tener difícil. Solo se ha presentado su candidatura a las primarias. Por eso, no hubiera estado mal un poquito más de beligerancia de Tudanca, después de los constantes feos de su jefe hacia nuestra región.
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