Abandonados

Pocos pueden creer ya, salvo los más fanáticos, en aquel «no vamos a dejar a nadie atrás» que prometió Pedro Sánchez al terminar la pandemia. La frase se ha convertido en un mantra. Hasta Salvador Illa, en un derroche de originalidad, la utilizó al pedir el apoyo de los grupos políticos para su investidura como presidente catalán. De tan manida, ha perdido significado.

Porque cada vez hay más personas en nuestro país que se sienten abandonadas a su suerte. El ejemplo más claro lo hemos tenido estas semanas en Valencia. Al desastre de gestión a la hora de activar las alarmas de las riadas y de ayudar en la recuperación de los pueblos afectados se han unido tres imágenes que demuestran a la perfección lo que verdaderamente les importan los damnificados a las personas más señaladas en esta crisis. La del presidente del Gobierno huyendo en Paiporta y dando la espalda a unos vecinos enfadados. Tiene bemoles que Sánchez no vaya a dar explicaciones sobre la actuación del Gobierno en esta crisis hasta el próximo 27 de noviembre, casi un mes después de que el agua se llevará la vida de más de 200 personas en la Comunidad Valenciana.

La de Carlos Mazón -esta vez sin la imagen patética del chaleco rojo de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias- en su comparecencia en el parlamento regional del viernes pasado en la que no rodó ninguna cabeza de su Ejecutivo. Y eso que motivos había de sobra.

Y la de una Teresa Ribera, más preocupada en pasar su examen para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia que en resolver una crisis que le atañe directamente.

Si en una tragedia como la que llevamos viviendo, minuto a minuto durante las tres últimas semanas, los responsables políticos se están comportando de esta manera, imagínense el interés que ponen en resolver otros asuntos. Porque no hace falta irse muy lejos para ver ejemplos de abandono.

Tan solo hay que darse una vuelta por los pueblos de la provincia y charlar con el personal, y descubrirán a la primera a qué me refiero. Los casos son numerosos pero uno de los más recientes clama al cielo. Y es que ya no se preocupan ni de hacer cumplir los contratos de las concesiones para garantizar los servicios públicos que hemos pagado con nuestros impuestos.

Que se lo pregunten a los habitantes de Sotoserrano, Cepeda, Miranda del Castañar, Santibáñez de la Sierra, San Esteban de la Sierra, San Miguel de Valero y Linares de Riofrío. Por estas localidades pasa la línea de autobús Coria-Salamanca. O lo que queda de ella. Porque, por decisión unilateral de la compañía que presta el ¿servicio?, se ha recortado el número de viajes y reservar plaza se ha convertido en toda una odisea. En el periódico hemos dado voz a vecinos de esos municipios a los que la compañía de autobús ha dejado tirados en Salamanca, o que no han podido encontrar billete hasta en cinco ocasiones, o que en lugar de recogerlos un autobús, apareció un monovolumen de 9 plazas para efectuar el traslado. Un auténtico despropósito que atenta contra la supervivencia de las zonas rurales y su desarrollo.

La inoperancia del transporte público en el que viven sumidos muchos de los municipios de la provincia de Salamanca no es nueva. Desde hace seis años, por ejemplo, los viajes a Madrid desde Linares de Riofrío, Guijuelo o Béjar también han recibidos quejas de los vecinos, que sienten cómo se ahoga su vida en el pueblo que les vio nacer.