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Estoy completamente de acuerdo con la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES). El gobierno, tanto este como los anteriores, prefiere mirar para otro lado mientras prospera la economía sumergida al amparo institucional.
Los empresarios de la hostelería y de la construcción se quejan en ... las páginas de este periódico de que no encuentran mano de obra. Bajo casi «secreto de confesión» te cuentan experiencias vividas en primera persona de gente que rechaza un trabajo porque está cobrando algún tipo de subsidio de desempleo y le sale más rentable y más cómodo continuar percibiéndolo y seguir haciendo «chapuzas» a espaldas de la Hacienda que es de todos.
Algunos ya han alzado la voz: «Muchas inspecciones de Hacienda a autónomos y a pequeñas y medianas empresas que están asfixiados por las multas y sin embargo, no se meten con las estafas del paro».
Y los ciudadanos de a pie nos preguntamos: ¿Cómo es posible que los bares tengan problemas para contratar camareros o cocineros, que no encuentres un albañil que te haga una pequeña obra o reforma o que sea más fácil encontrar una aguja en un pajar que a una persona para atender a mayores, mientras los datos del paro son escalofriantes?
Pues es difícil de entender, a no ser que las ayudas y la economía sumergida estén conteniendo una explosión social de grandes dimensiones.
Me conformaría con una explicación de Yolanda «Ertes», aunque fuera tipo Ozores, que es como suele hablar la vicepresidenta del Gobierno en funciones. Esta mujer representa como nadie el arte de hablar sin que nadie entienda nada de lo que dice, vamos lo más normal dentro de la política actual, excepto raras excepciones.
Los empresarios salmantinos lo han denunciado y han dicho lo que está ocurriendo, pero al Gobierno no le interesa romper la red clientelar y prefiere hacer oídos sordos a las quejas de los empresarios, que ya sabemos que para este Consejo de Ministros son como el demonio en persona.
Pero, a la todavía vicepresidenta, más crecidita que nunca porque piensa volver a repetir en el cargo, también se lo dijo hace unos meses el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El líder sindical reflexionó sobre el problema grave que está ocurriendo en toda España: «Una persona que rechaza una oferta de trabajo, si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no». Lo hizo a modo de reflexión en voz alta, pero al menos es consciente del problema, que no solo ven los empresarios o las organizaciones empresariales. Pero, tanto el representante de Comisiones Obreras como Yolanda Díaz rechazaron de plano el debate. Yolanda siempre ha estado en otra cosa, muy distinta desde luego a la realidad de la calle y muy alejada de las dificultades del mercado laboral y de los empleadores que son los que dan trabajo, no ella.
Yolanda y su aliado sacuden el bulto para no acabar con la picaresca que tanto rédito le está dando. ¿Quién le pone el cascabel al gato sobre un problema que vemos todos menos el Gobierno y los directamente beneficiados?
La teoría de la normativa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dice que se sanciona con la pérdida de la prestación durante tres meses si se rechaza un empleo o curso de formación la primera vez, seis meses si se reincide una segunda vez y con la extinción de la prestación si hay una tercera vez. Pero eso no ocurre. De hecho, ni siquiera hay datos de cuántas multas se han impuesto. La administración prefiere mirar para otro lado para seguir captando voto.
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