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La imagen de la firma del segundo protocolo de impulso a Salamanca y su alfoz es justo la contraria a esa política de enfrentamiento cainita destapada durante la gestión de la catástrofe en Valencia. Aquí los mandatarios se unen buscando lo mejor para los salmantinos y allí, donde las inundaciones han destrozado el futuro de miles de familias, los políticos siguen a la gresca, empecinados en un navajeo de la peor calaña.
Tampoco vamos a decir ahora que esos 75 millones del Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital, destinados a inversión en infraestructuras tecnológicas y logísticas, nos vayan a sacar de pobres. Hace tres años se aprobó el primer protocolo con 67 millones y se han acometido importantes proyectos como la incubadora tecnológica Abioinnova, el Centro Tormes+ de emprendimiento, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro de Transferencia del Conocimiento Agroalimentario o la Plataforma Intermodal, pero el despegue de Salamanca como polo de desarrollo de las altas tecnologías tiene todavía mucho camino por recorrer.
Lo que sí tengo claro es que si los representantes de las instituciones locales y regionales no se pusieran de acuerdo, nos iría mucho peor.
También tengo claro que nos irá peor si la patronal salmantina continúa dividida, y lo ocurrido en las elecciones celebradas en CEOE-Cepyme en la tarde del pasado martes no invita a ser optimistas. La victoria de la candidatura de Paulino Benito frente a la liderada por Juan Luis Feltrero desprende el tufo de la cocina de antiguos caciques del empresariado local. La falta de transparencia y la sospecha de irregularidades en el proceso electoral extienden un manto de duda sobre el resultado. Puede que sea una cuestión de hipersensibilidad olfativa y que al final no se confirmen los malos olores sino que a partir de ahora se siga avanzando en el proyecto de unificación de la representación de los empresarios salmantinos. Lo contrario nos devolvería a los tiempos oscuros y electrizantes en los que se buscaba el lucro personal, las dietas y las prebendas, en lugar de defender el interés de las empresas locales. El tiempo dirá.
Por ahora, el mal tiempo sigue amenazando a Valencia mientras los políticos de uno y otro signo se dedican a echarse barro unos a otros. Cuando han pasado ya más de dos semanas desde las inundaciones, los ciudadanos comenzamos a tener más claras las responsabilidades, mientras que los partidos, en este caso PSOE y PP, se ponen las anteojeras para ver solo culpables en el bando contrario. Las responsabilidades penales las decidirán los jueces cuando llegue el caso, pero las políticas son compartidas entre el Gobierno central y la Generalidad valenciana. La lista de quienes deberían ir pensando en abandonar su cargo no es precisamente corta. Comenzando por Carlos Mazón, que reaccionó tarde y mal, que no supo hacer lo único que se le podía exigir en los primeros momentos del desastre: pedir ayuda al Gobierno, porque la Generalidad no tenía medios para enfrentarse a la riada. Y junto a Mazón, sus consejeras de Interior y de Turismo, que demostraron tanta ignorancia como falta de sensibilidad. Acto seguido, deberían tomar las de Villadiego el presidente Pedro Sánchez, que de manera consciente no envió la ayuda para poder culpar a Mazón, la ministra de Transición Ecológica, ausente de su tremenda responsabilidad, e incluso Margarita Robles, titular de Defensa, que racaneó la presencia del Ejército, además del ministro del Interior, por los mismos motivos.
Mi apuesta: en el PSOE no dimitirá nadie y en el PP rodarán cabezas. Al tiempo.
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