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No se preocupe usted, querido lector, que los periodistas de La Gaceta, como la mayoría de quienes ejercen la profesión en España, no se van a amedrentar por las amenazas de este nuestro amado presidente. En este periódico vamos a seguir informando con rigor y opinando con toda libertad sobre los temas que interesan a los salmantinos, entre los que con seguridad se encuentran los desmanes, las andanzas y los cambalaches de su Sanchidad, de su amada esposa, de su querido hermano y de sus estimados compañeros de partido.
Ya puede Sánchez promover registros de periodistas o limitar la inversión pública en los medios y crear comisiones para controlar a la prensa crítica, como si quiere fundar el Ministerio de la Verdad. No nos va a mover de donde estamos, en nuestra tarea de contarles lo que pasa y expresar alabanzas o reprobaciones según nuestro libre albedrío.
A estas alturas de la película, el del Falcon no engaña a nadie que no quiera ser engañado (vale, que son muchos). Por estos lares no vamos a tragarnos ese anzuelo, ni vamos a dudar siquiera por un momento de cuáles son las verdaderas intenciones del aprendiz de tirano de La Moncloa. Esto del Plan de Acción por la Democracia consiste simple y llanamente en un intento de acogotar y de acallar a los medios de comunicación críticos con el sanchismo, y de manera más directa a todos aquellos que osan narrar las vicisitudes judiciales y empresariales de su amada esposa. No hay más. Lo de la regeneración y el combate de los bulos, lo de los pseudomedios y toda esa verborrea con la que el aparato sanchista intenta edulcorar sus planes no son más que el envoltorio, la hojarasca floreciente desplegada para ocultar un propósito inconfesable: se trata de castigar a quien informe o critique las corrupciones de Sánchez y su entorno personal.
Para entender el porqué de este plan (que ya deberíamos rebautizar como «Plan para la Defensa de Begoña») solo hay que remontarse a sus orígenes. Sánchez anunció esta campaña tras esos cinco días de meditación en los que suspendió sus funciones para hacerse la víctima y concluir con la decisión de organizar una caza de la prensa crítica, la que su Sanchidad encuadra en la fachosfera. La excusa de que se trata de desarrollar el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación tampoco cuela. Esa normativa de la UE se aprobó para combatir las «fake news» lanzadas por los esbirros de Putin con el fin de desestabilizar políticamente a países europeos, y pretendía defender a los periodistas de las presiones del poder, mientras que el «plan Begoña» va justo en sentido contrario: intenta someter a la prensa a los mandatos y las veleidades del Gobierno.
Casi todo en el plan anunciado el pasado martes es «fake». Obligar a los medios a hacer pública la identidad de sus dueños es un engaño supino, porque la propiedad de los medios es de sobra conocida. E imponer la obligación de dar a conocer el reparto de la publicidad institucional es otra trampa saducea: la única administración que oculta a los ciudadanos el dinero que destina a los medios es… tachán, tachán… ¡el Gobierno del señor Sánchez!
Dicen los esbirros del presidente que serán ellos quienes decidan quiénes son periodistas 'fetén' y quienes son pseudoperiodistas. Lo dicen porque no tienen ninguna intención de hacerlo. No pueden. La Constitución establece el derecho de los españoles a ser informados por todos los medios de comunicación, no solo por aquellos que la corte sanchista considere buenos (apesebrados).
No van a conseguirlo. No van a intimidarnos. No nos vamos a encoger, ni a cortar un pelo. Y mientras más ladre, más cabalgaremos.
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