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Cuando alguien ha perdido los referentes morales, ya nada le importa. En el caso de Pedro Sánchez, como nunca los ha tenido, le importa un pimiento saltarse los referentes éticos, los legales y los constitucionales. Así que no puede sorprendernos que, ante la cara de enfado y estupefacción del rey Felipe, el nuevo presidente del Gobierno haya prometido «cumplir y hacer cumplir la Constitución», cuando todos sabemos que la Carta Magna le importa un bledo y que su intención declarada es saltársela a la torera desde el minuto uno de su investidura.
La Constitución se fundamenta en «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Ya empezamos mal. Porque Sánchez está dispuesto a trocear la nación, como le exigen sus socios en el Gobierno. Para el inquilino de La Moncloa lo único sagrado, a estas alturas, es la poltrona y el asiento en el Falcon.
También consagra la Constitución la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones, pero para el sanchismo el único principio válido es el de la supervivencia y por tanto no dudará en favorecer con nuevas cesiones y miles de millones de inversión a los más ricos en detrimento de los pobres. Así que no tendrá ningún problema en atender la larga lista de exigencias de los golpistas, supremacistas y nacionalistas que le apoyan, aunque suponga la ruptura flagrante de ese principio de solidaridad.
En el mismo acto celebrado el pasado viernes en La Zarzuela prometió lealtad al rey, y lo hizo ante el monarca y ante las principales autoridades del Estado, que se hubieran partido de la risa si no estuviera en juego la supervivencia de la Monarquía, del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país.
Felipe VI no podía disimular la cara de indignación, sabedor de que Sánchez y toda su tropa de radicales antiespañoles se proponen atacar a la Corona con toda la artillería durante la legislatura que ahora se estrena. La concesión de la amnistía a los golpistas será el primer golpe, porque supone una enmienda a la totalidad de su histórico discurso del 3 de octubre de 2017, cuando defendió la Constitución y la democracia frente a los rebeldes catalanes. Ahora resulta que el Gobierno les da la razón a los asonados y considera culpables a quienes aplicaron la ley.
La Constitución establece la igualdad entre todos los españoles pero estamos entrando en un tiempo en el que la desigualdad y los privilegios de los desleales van a ser la norma. Lo denunciaba ayer con acierto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, antes de acudir a la multitudinaria manifestación de Madrid: «Sánchez arranca la legislatura dando privilegios a sus socios y pisoteando, insultando y atacando a Castilla y León». No por obvio hay que dejar de repetirlo.
Frente a la desfachatez y la burla continua solo cabe combatir el proyecto de destrucción de España, con la ley y con la presión en la calle, como hicieron ayer cientos de miles de españoles que llenaron el centro de Madrid. No sabemos si servirá para algo, pero constituye un deber moral expresar nuestro rechazo rotundo a la deriva autoritaria emprendida por el sanchismo. Los indultos, la eliminación de los delitos de sedición y malversación, el asalto al poder judicial, la amnistía, los mediadores internacionales, la consideración de nación para Cataluña y País Vasco... no vamos a consentir que destruyan nuestro país y se instaure aquí una autocracia al estilo bolivariano sin dar la batalla. A los demócratas y constitucionalistas se nos va a hacer muy larga la legislatura, pero a Sánchez, entre los mordiscos de sus temibles socios y el rechazo de la calle, no se le va a hacer corta.
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