Con Aagesen, igual o peor

Tenía razón César Lumbreras cuando vaticinaba en el último Foro Gaceta de la Agricultura que no ganaríamos nada con la marcha a Bruselas de la temible Teresa Ribera, ministra ultra ecolojeta y enemiga número uno de agricultores y ganaderos. Decía el periodista experto en asuntos del campo que la política del Gobierno sanchista no cambiaría para mejor y que la dominatriz de Planas seguiría mandando desde las torres de Bruselas. Los hechos le han dado la razón: el Ministerio para la Transición Ecológica ha tardado medio segundo en anunciar que no acatará la nueva normativa aprobada el pasado martes en Europa que reduce la protección del lobo. La nueva ministra, Sara Aagesen, está dispuesta a seguir amargándole la vida a los ganaderos salmantinos, tanto o más que su maestra Ribera.

En la cúpula de la UE han cambiado el chip, han comenzado a darse cuenta de lo mucho que necesitamos a los agricultores y ganaderos, su capacidad de producir alimentos y su contribución a combatir la despoblación, pero el Ejecutivo sanchista se mantiene en sus trece.

Del campo no quieren saber nada. La agricultura ni siquiera estaba en los guiones del reciente congreso federal del partido sanchista, antes socialista. Sánchez ordenó eliminar la corrupción del temario, porque está rodeado y chapoteando en ella, pero del campo se han olvidado sin más, como siempre desde que gobiernan, salvo aquel amago tras las tractoradas que quedó en nada.

Dicen las crónicas que los dirigentes sanchistas se sentían acorralados por la corrupción en el cónclave sevillano del pasado fin de semana. Yo no los veo acorralados, más bien al contrario: nos tienen acorralados a quienes defendemos la democracia. Son ellos, el aparato del poder sanchista, quienes persiguen a los jueces, a la oposición y a los medios críticos. En ese sentido, el congreso federal ha sido una demostración de unanimidad a la búlgara, de culto al puto amo y de postración colectiva ante el nuevo santoral del partido, compuesto por malhechores de todo tipo: condenados, investigados, imputados o amnistiados.

Superado el trámite congresual, el Gobierno ha tenido a bien ocuparse, por una vez y sin que sirva de precedente, de un asunto importante para la vida de los ciudadanos, como es el abuso del móvil y las redes sociales por parte de los menores. El Ejecutivo ha encargado un informe a cincuenta expertos y sus conclusiones son de lo más radical: proponen que los niños no se asomen a las pantallas hasta los seis años y que no tengan teléfono inteligente hasta los 16. Sería una revolución: adolescentes de 14 y 15 años con un teléfono analógico, como el de los abuelos. Y no podemos descartar que el Gobierno les haga caso, porque a estos ministros socialistas-comunistas les encanta prohibir.

Bien es verdad que el camino hasta que estas propuestas se conviertan en ley se antoja largo y escabroso. Sánchez necesita el apoyo de sus socios y lo que convence a unos les espanta a otros. Nunca se sabe por dónde van a salir. Los de Puigdemont exigirán un presupuesto aparte para que los 'nens' vean tik tok solo en catalán, los de Bildu pedirán una excepción para que los chavales puedan seguir cursillos de preparación de bombas y secuestros, y los del PNV incluirán una cláusula para que los niños no puedan consultar en Google el método de cálculo del cupo vasco (un secreto mejor guardado que la fórmula de la Coca Cola, de forma que nunca sabremos exactamente cuánto nos roban al resto de los españoles).

Al final acabarán creando un Observatorio donde nombrarán cada uno sus representantes con jugosas dietas. Ahí siempre están de acuerdo.